MENDOZA / Minería: el tema de la discordia / Escribe: Ramón Abalo

Al oficialismo -nacional, provincial, municipal- se le hace cuesta arriba el tema de la minería. Aunque el Paco Pérez es un viejo zorro en estas lides por su trayectoria en un ministerio antes de ser gobernador, encuentra en el presente un clima muy potente por las diversas opiniones y visiones que aparecen, mientras del propio lado acrecen las presiones para que se tomen ya decisiones concretas sobre emprendimientos en puerta.




Hay una decisión que baja desde las alturas como estrategia para diversificar las responsabilidades cuando se concrete lo que ya es decisión tomada: una fuerte explotación minera que, incluso, sea parte del perfil productivo de la Argentina. Por eso la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), a la que pertenece Mendoza desde su fundación hace un par de meses, que propicia "dirimir conflictos alrededor de la minería a través de una licencia social, una aprobación que los gobernadores deberían conseguir a partir del desarrollo de obras de infraestructura que beneficien a la comunidad". Se sugirió también crear empresas provinciales de minería, y por ejemplo Río Negro ya trabaja en su creación y plantea participar en los directorios de las compañías.

Al menos aquí en Mendoza, no es menor la voz de los que tienen actitud crítica o de prevención. Son los llamados "ambientalistas", a los que a su vez se los puede ubicar en dos posiciones: los que hablan de la minería "no contaminante" y los que se van a los extremos: los antimineros, los ultristas ideológicos, los que no quieren saber nada con ningún tipo de explotación.

Las cámaras empresarias mineras y sus socios menores, incluida la burocracia sindical como AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina), cuya tarea es favorecer a la empresa y perseguir al sindicato alternativo Osma, anunciaron su beneplácito con esta iniciativa. Al respecto, el ex vocero de la Barrick Gold, Julio Turcumján, hoy jefe de editores del Diario de Cuyo de San Juan, comprado por la trasnacional para "ayudar a que la Barrick alcance definitivamente la licencia social que aún no logra, escribe: "En el medio hay noticias... las empresas ya trabajan para defender el actual porcentaje de regalías (que es casi nada). Temen que se mueve el esquema financiero con la sola intención de apaciguar a las fieras antimineras. Los inversores de este tipo de emprendimientos le tienen miedo a las reacciones populares, manejadas o no, de un grupo de ambientalistas que viene protestando desde hace tiempo... Se entiende que una de las primeras garantías que debe obtener una empresa para operar es la licencia social... En definitiva, la minería también se hace con política... Las señales oficiales son muy positivas y el debate, está claro, es político y no de otro orden, como pretenden instalar algunos operadores". Y remata: "Muchachos, el tiempo se acaba".

El columnista del periódico Propuesta, Rogelio Roldán, afirma que "es preciso cortar la continuidad del carácter neoliberal de la actual política minera gubernamental... sin producir valor agregado, con ínfima incorporación de tecnología avanzada, escaso empleo -mal pago y tercerizado, en gran parte- y toda clase de prebendas y exenciones impositivas y de suministro de energía y agua... es urgente derogar la Ley 24.190 de inversiones mineras... a favor de los monopolios... en tanto se logren estos cambios, es imperativo exigir que paguen retenciones, no menos del 35 por ciento, al igual que los agroexportadores... nacionalizar todos los grandes monopolios, sin indemnización alguna. Baste saber que la Barrick, en el 2010 se llevó 18 mil kilos de oro a 75 mil dólares el kilo. A San Juan le queda el tres por ciento, alrededor de 39 millones, ¡migajas!!!"

LAS TRIBULACIONES DEL PACO

En el oficialismo mendocino se visualizan posiciones que, sintetizadas, advierten una búsqueda de un eje que fije una política definida y definitiva. El gobernador, por ejemplo, ha afirmado en más de una oportunidad que todo transitará por lo que fija la ley provincial 7.722, conocida como ley antiminera. Por otro lado, para el director de Minería, Carlos Molina, dicha ley no permite la remediación de los pasivos ambientales de uranio, que ha dejado el yacimiento sanrafaelino de Sierra Pintada, ya que esta norma no permite el uso de ácido sulfúrico. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, oficialista él, se expresó a favor de modificar dicha legislación, además de la ambiental, para "que la provincia atraiga inversiones".


Estas últimas posiciones se escucharon hace poco en Mendoza en un foro debate de minería, convocado y organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Al parecer fue positivo, aunque no quisieron participar representantes de los empresarios mineros. Lo importante es que se discute y las discusiones son abiertas, para que, en definitiva, sean todos los sectores de la comunidad los que den su opinión, de la cual debe salir, así legitimado, lo que conviene.

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