ARGENTINA / Paradojas de la vida diaria / Escribe: Alberto Dearriba

Los últimos tiempos ofrecen imágenes contradictorias de una sociedad que avanza, por un lado, en la tarea de garantizar nuevos derechos, mientras subsisten núcleos retrógrados que rechazan los cambios sociales.

En la Argentina del siglo XXI, los ciudadanos pueden casarse con otros del mismo sexo, cambiar el nombre en el documento de identidad de Juan por Juana, elegir la muerte digna para un ser querido como pasó el jueves pasado con la chiquita Camila Sánchez, ver entre rejas a los genocidas y -en poco tiempo más- fumar marihuana con la misma sanción social de quién se emborracha o pitorrea dos paquetes de cigarrillos industriales por día.




Pero todavía hay conservadores contumaces como el padre de una estudiante de Junín que se quejó porque en la escuela le hacen leer a su hija a Rodolfo Walsh; educadores capaces de castigar a una alumna con 24 amonestaciones por aguijonear la memoria nacional como ocurrió en San Juan, un sospechoso abuelo que recurre a la justicia porque no pudo comprarle diez dólares a sus nietitos y patotas enfurecidas que golpean a periodistas que expresan intereses populares.

Los últimos tiempos ofrecen imágenes contradictorias de una sociedad que avanza por un lado en la tarea de garantizar nuevos derechos, mientras subsisten núcleos retrógrados que rechazan los cambios sociales. Es la tensión entren lo nuevo que nace y lo viejo que se resiste a morir.

DE CACEROLEROS Y PATOTAS.

En vísperas de su día, los periodistas ofrecieron una nítida fotografía de las contradicciones que anidan en la sociedad,
cuando un grupo de trabajadores de prensa fue atacado por una patota suburbana frente al hospital infantil de Pablo Nogués y otro fue agredido por enfurecidos caceroleros en la más elegante esquina de Santa Fe y Callao.

Este tipo de agresiones estuvieron generalmente vinculadas a los gobiernos, pero ahora son los opositores los que golpean a periodistas y es el gobierno el que reclama investigar los hechos. Del lado de los agresores están los que defienden a la "prensa independiente" y se manifiestan caceroleando contra "la dictadura de los K", pese a que simultáneamente expresan con total libertad sus opiniones antigubernamentales. En la vereda de enfrente están quienes pretenden trabajar a favor de los cambios y la propia presidenta de la Nación, que denuncia que la policía "no hizo nada".

En la Argentina ese escenario resulta políticamente paradójico, aunque hay rasgos que no cambian: la que golpea es la derecha y los apaleados pertenecen siempre a medios que expresan o defienden posiciones populares.


DOS PAÍSES EN TENSIÓN.

Los agresores se alinean objetivamente con los sectores que se oponen a los nuevos derechos, porque les molesta una
sociedad más abierta y progresista. Pero reivindican en cambio la libertad para especular con moneda extranjera y se horrorizan con las dificultades a la importación. Son liberales en lo económico y fascistoides en lo político.

Para ellos, la libertad de mercado y de cambio es un derecho supremo que está por encima de los intereses nacionales y de las mayorías populares. El objetivo no es preservar el trabajo local, sino facilitar la renta de pequeños sectores.

CONTRADICCIONES CAMPERAS.

Los ruralistas son un ejemplo de las contradicciones de los falsos liberales domésticos.

Le piden al gobierno un dólar "recontraalto" para maximizar sus rentas, pero lo cuestionan por la inflación que se convertiría en galopante si se devaluara drásticamente.

Saben que una depreciación brusca del peso produciría una abrupta transferencia de ingresos contra los sectores de ingresos fijos, que es lo que -aunque a los tumbos- trata de evitar el gobierno con las restricciones cambiarias y comerciales.

Son ultraliberales para la política cambiaria y estatistas cuando exigen asistencia financiera barata a la banca estatal. Se
oponen a que el Estado subsidie a los desocupados o a sus hijos, porque "fomenta la vagancia", pero reclaman subsidios cuando las cosechas son afectadas por sequías o inundaciones.

En la Provincia de Buenos Aires, pagan hasta ahora escuálidos impuestos inmobiliarios rurales y rechazan una actualización moderada, pero exigen obras de infraestructura para sacar sus cosechas.

Consiguieron rentas extraordinarias con el dólar alto que sostuvo el gobierno para empujar exportaciones y proteger el mercado interno, pero convocan a un lock-out patronal con el objetivo de repetir el clima de la 125 y golpear al oficialismo.

Odian cualquier regulación de la política y le niegan al Estado su facultad recaudatoria.

DEL AÑO VERDE.

La Mesa de Enlace sueña con sumar a la embestida a la parte de la clase media urbana que padece de síndrome de abstinencia de dólares.

Pero en medio del xarao, el gobierno parece haber advertido la jugada y juega a no unificar el frente opositor.

El periodista Hugo Presman lanzó la semana pasada en el programa El Tren, que comparte con Gerardo Yomal en Radio Cooperativa, una propuesta que sonó un tanto provocadora. Dijo que sería saludable que los funcionarios pesificaran sus ahorros.

Víctor Hugo Morales convirtió esa idea en una sonora campaña, que fue escuchada por la presidenta, quien anunció luego que cambiaría sus dólares por pesos.

En realidad, los ataques a los funcionarios que tienen ahorros en moneda extranjera parecieron un tanto tramposos, porque omiten señalar que esos fueron acumulados en momentos en los que no pesaba restricción alguna ni propuesta desdolarizadora.

Pero de todos modos resultó refrescante la predica presidencial con el ejemplo, porque constituye una contundente señal antidevaluatoria.

Como nadie come vidrio, pesificar los verdes es la mejor manera de mostrar que no habrá una devaluación drástica.


EPPUR SI MUOVE.

La decisión de Cristina de vender sus verdes, apunta también a relativizar las acusaciones de enriquecimiento y a demostrar transparencia.

Las encuestas demuestran que el caso Ciccone perjudicó la imagen del gobierno y encima culminó con la renuncia del ex procurador, Esteban Righi, lo cual multiplicó las críticas sobre una supuesta "baja calidad institucional".


Para colmo, el candidato a suceder al Bebe, Daniel Reposo, no pudo pasar el filtro de los dos tercios en el Senado. Además de su actuación en el caso de Papel Prensa, el postulante ofrecía flancos muy débiles que fueron aprovechados por los medios más concentrados para desatar una campaña letal.

La oposición se atribuyó allí un triunfo innegable, pero aún en la derrota, el gobierno puede rescatar un cierto rédito institucional.

Cuando Cristina Fernández intentó imponer las retenciones móviles a las exportaciones agrícolas, estaba habilitada para instrumentarlas por la simple resolución 125. Pero apostó a una mayor institucionalidad y envió un proyecto de ley al Congreso. El kirchnerismo sufrió la más dura derrota política, pero pudo mostrar al menos su respeto por el funcionamiento de las instituciones.

Tanto con la 125 como con Reposo, las instituciones funcionaron de un modo distinto al esperado por el Poder Ejecutivo, pero muy lejano al de la baja calidad institucional que denuncia la oposición. La derrota política del gobierno implica obviamente un triunfo opositor, pero vuelve a poner en tela de juicio las reiteradas denuncias sobre una supuesta "democracia de baja intensidad".

Es paradójico que en una democracia devaluada, el oficialismo no alcance los votos necesarios por tan poco. En épocas pasadas, el toma y daca consiguió acuerdos mucho más complicados.

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