ARGENTINA / Antes prófugos, ahora condenados / Escribe: Ailín Bulletini

Los represores se encontraban prófugos cuando en 2009 se realizó el primer juicio por el circuito ABO. Ahora se aplicaron las reglas fijadas por la Cámara de Casación para acortar los tiempos de los procesos vinculados con el terrorismo de Estado.




Otros dos represores fueron condenados ayer por el Tribunal Oral Federal Nº2 por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito de centros clandestinos del Primer Cuerpo del Ejército Atlético, Banco y Olimpo. Pedro Santiago Godoy y Alfredo Omar Feito se encontraban prófugos cuando en 2009 se llevó a cabo el primer juicio por el circuito ABO, como es conocido este conjunto de escenarios donde el terrorismo se hizo carne. Pese a que el ex policía Feito insistió, en sus últimas palabras en el marco del juicio, en negar su participación en los crímenes cometidos durante la última dictadura, el tribunal lo penó con 18 años de prisión por 15 casos de privación ilegítima de la libertad con aplicación de tormentos. La condena para Godoy fue de 25 años, por 152 casos.
“Más allá de las diferencias en las condenas solicitadas por las querellas y la habilitación a la continuidad de la prisión domiciliaria que está cumpliendo Godoy hasta que la sentencia quede firme, consideramos que la sentencia fue positiva porque se definieron los delitos como de lesa humanidad y porque las penas son muy altas”, analizó en diálogo con este diario Carlos Pisoni, hijo de dos de las más de cien víctimas que pasaron por alguno de los centros clandestinos que conforman el circuito ABO y militante de H.I.J.O.S.
El presidente del TOF Nº 2, Jorge Tassara, leyó ayer al mediodía la sentencia a la que llegó junto con los otros dos integrantes del tribunal, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, en el marco del juicio conocido como “ABO Bis”, el primero en el que efectivamente se aplicaron las reglas fijadas por la Cámara de Casación que apuntó a acelerar los tiempos de los juicios vinculados con el terrorismo de Estado. En este caso, se desestimó a algunos testigos, se introdujeron declaraciones de otros mediante lectura y se realizaron más audiencias por semana.
Poco más de una hora antes, uno de los acusados accedió a la posibilidad siempre presente de decir unas “últimas palabras”. Feito negó todo lo que se atribuyó: dijo que “jamás” secuestró ni torturó y que sus familiares saben que fue un soldado “valiente y honrado”.
Con aplausos dentro y fuera del edificio de los tribunales de Comodoro Py, militantes de derechos humanos, familiares y amigos de las víctimas recibieron el veredicto del TOF Nº2. “Privación ilegal de la libertad agravada por la condición de funcionario público” y “mediar violencia” y “amenazas” con “imposición de tormentos” fue la figura penal que se les aplicó a ambos condenados.
De las 181 víctimas cuyas vejaciones fueron tenidas en cuenta, los jueces consideraron que Godoy, alias Calculín, participó en 152 casos, mientras que Feito, conocido como Cacho, tuvo responsabilidad en 15. De allí, la diferencia en las penas a uno y otro. Además, el TOF Nº2 determinó que Godoy, de 72 años, continúe gozando del beneficio de prisión domiciliaria hasta que quede firme la sentencia.
Pisoni remarcó que la organización que integra y el resto de las agrupaciones de derechos humanos que estuvieron presentes en la sentencia y que participaron del juicio –Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas– entendieron como positiva la sentencia debido a que las condenas son altas. Pero definió como necesario el hecho de que “todo el poder judicial entienda que los culpables de delitos de lesa humanidad no deben tener privilegios de los que un acusado de delitos comunes no goza. Godoy debería haber ido a parar a cárcel común”. En ese sentido, el hijo de Rolando Pisoni e Irene Bellocchio, dos de los cientos de presos clandestinos de Atlético y que aún continúan desaparecidos, denunció que “todavía quedan muchos represores en sus casas”.



El juicio en el que fueron declarados culpables podría entenderse como la continuación de aquel juicio que analizó los delitos cometidos a 182 personas que estuvieron detenidas ilegalmente en el Atlético, Banco u Olimpo, o en más de uno de esos centros clandestinos, y en el que fueron condenados 12 represores a prisión perpetua, cuatro a 25 años de prisión y uno, el ex policía federal Juan Carlos Falcón, absuelto.
(Diario Página 12, 9 de junio de 2012)

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