ARGENTINA / Conflictos de interés. Por un marco contra el lobby / Escribe: Federico Bernal

Desde el momento en que se supo que Alberto Fernández tenía un contrato con Repsol, su credibilidad se vio grave y justamente afectada. La tarea de lobby no va a desaparecer mientras existan dinero y especias, pero se puede regular. El muy rico y profundo debate en torno a la renacionalización de YPF puso en evidencia la necesidad de que el periodismo tenga en consideración, a la hora de presentar e interactuar con sus entrevistados, la presencia o ausencia de conflictos de interés por parte de estos últimos. Por ejemplo, tenemos el caso de buena parte de los ocho ex secretarios de Energía de la Nación, críticos acérrimos de las políticas energéticas del gobierno nacional. Están los que critican por propias convicciones, por ideología; pero están los que lo hacen por cuestiones de lobby. En materia energética, el caso más emblemático es el de Daniel Montamat. Pero también tenemos el ejemplo de Alberto Fernández. Por supuesto que aquí no se discute el derecho que ambos tienen de operar para Repsol. Tampoco que ese accionar sea ilegítimo o ilegal. En realidad, es el periodismo “independiente” el que viene a perjudicarlos, subestimando al pueblo argentino, mintiéndole, ocultándole información. Porque sucede que cuando la función de lobby es ocultada deliberadamente a la audiencia (los entrevistadores pueden no conocerla), el lobby se transforma en el peor enemigo de la verdad, en el peor enemigo de un correcto y justo análisis por parte de la comunidad, que confía en el “experto” y en la objetividad y credibilidad de sus afirmaciones. En este sentido, nada mejor que trabajar en una nueva legislación que proteja a la ciudadanía a través de la defensa de la objetividad en la información vertida. La tarea de lobby no va a desaparecer mientras existan dinero y especias (algunos prefieren recibir pimienta, seda y tabaco como forma de pago). Pero disminuir su influjo es más que posible cuanto no indispensable, por el bien de una verdadera Nación para todos.


LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA Y LOS CONFLICTOS DE INTERÉS.

Una de las instituciones estadounidenses que más viene luchando contra este flagelo –el lobby– es la Universidad de Columbia. Y lo hace desde dos instituciones específicas y propias: la Oficina para la Conducción Responsable de la Investigación y el Centro de Bioética. Dedican un curso entero a esta cuestión, definiendo conflictos de interés (en adelante CI) como sigue: “Los CI involucran el abuso –presente, aparente o potencial– de la confianza que las personas tienen depositada en los profesionales. La definición clásica señala: un CI es una situación en la que consideraciones financieras o de otra índole cargan con el potencial de comprometer o sesgar el juicio y la objetividad profesional. […] Aunque los CI se aplican a una gran variedad de comportamientos y circunstancias, todos implican el uso de ‘autoridad’ de una persona [conocido también como “líder de opinión”, “experto” o “especialista”] para percibir una ganancia individual y/o financiera.”

HACIA UN MARCO REGULATORIO DE LOS CI.

El neoliberalismo creó leyes y marcos regulatorios –amén de constituciones– sobre los cuales estructuró las bases de una Argentina subdesarrollada y dependiente. La elaboración y puesta en práctica de un marco regulatorio que promueva la objetividad de las opiniones de “especialistas” es, inversamente, base fundamental no sólo para consolidar un periodismo más justo, sino también para fortalecer la flamante Ley de Medios de la Democracia a la vez que minar las bases de una Argentina semicolonial. En este sentido, existe una importante cantidad de ejemplos provenientes del Primer Mundo, en este caso sí, civilizado. Un caso emblemático lo constituyen las regulaciones del Servicio de Salud Pública y de la Fundación para la Ciencia Nacional de los EE UU, regulaciones que aseguren que el diseño y procedimiento de las investigaciones, así como la divulgación de sus resultados, no estén sesgados por ningún CI financiero del investigador. Elaboradas con el fin de promover la objetividad en el proceder de las investigaciones científicas, las metas de las regulaciones federales son: manejar, reducir y eliminar los CI financieros. Los componentes claves de esta regulación son:
1) La institución científica debe designar un oficial encargado de estudiar y revelar los intereses financieros [de los miembros de la institución] así como también el manejo de sus CI; 2) los investigadores [miembros de la institución] deberán revelar cualquier “interés financiero significativo” a su institución; y 3) la institución deberá informar al gobierno federal cuando un investigador cuente con “interés financiero significativo” que pudiera afectar la investigación. Esta regulación define al “investigador” como a aquella persona responsable del diseño, la conducción y la divulgación de una investigación [científica o técnica]. Asimismo, define “interés financiero significativo” como a cualquier valor monetario que implique un salario, el pago de servicios por parte de una tercera institución, la tenencia de acciones y los derechos intelectuales o de propiedad del investigador en cuestión.

EX FUNCIONARIOS, PARA GOLPEAR AL ESTADO DESDE EL “ESTADO”.

Ante la escasez generalizada de una intelligentzia de derecha, ante la ausencia del FMI (histórico y tradicional lobbista de empresas e intereses foráneos), de cara a la desacreditación cuasi masiva del neoliberalismo entre la opinión pública (sumado al triunfo de las ideas más progresistas y hasta nacionales en una franja creciente y mayoritaria de la ciudadanía), los medios y las corporaciones de la semicolonia se ven obligados a recurrir a “especialistas” ex funcionarios para acreditar sus argumentos, opiniones y/o estratagemas. Así, recurren a ellos tanto o más que a los “izquierdistas” para pegar o correr por al gobierno por izquierda o desde un falso progresismo. Pero “izquierdistas” serios tampoco abundan, sobre todo después de que la 125 los colocara –como todo gran tema que atraviesa la cuestión nacional– del lado de la reacción. Jorge Altamira, incluso, está ya totalmente desvirtuado, desde que decidió mutar su típica verborragia ultra por una más propia de economista ultraliberal de Oxford o del MIT. Pero a diferencia de la 125, la renacionalización de YPF sí contó con un casi absoluto apoyo opositor. De aquí que no quedara otra opción a la derecha que los ex funcionarios (energéticos y no energéticos). Porque, nada mejor que ellos para criticar al Estado y sus políticas públicas. Nada más “objetivo”, más respetado. Y no habría ningún problema con estos ex funcionarios si se diera a conocer, cada vez que hablan, sus respectivos conflictos de interés.



LA LUCHA POR LA VERDAD.

Esto, lo que hoy por hoy está en juego en la Argentina, tanto con YPF como con cualquier otra cuestión fundamental. Si el petróleo y el gas comienzan a ser considerados recursos estratégicos, el lobby debería pasar a ser considerado un flagelo digno de erradicar. Pero, ¿se puede eliminar el lobby? No, aunque lo que sí se puede eliminar es al lobbista. ¿Cómo? ¿Por qué? El lobbista es convocado justamente por su poder de convencimiento (autoridad) en determinado asunto, a la vez que escondiéndole (por parte del periodismo cómplice y las corporaciones que lo alimentan) sus conflictos de interés presente, potencial o aparente. La opinión pública confía en su palabra y, por tanto, su palabra es requerida a la hora de debatir, opinar, etcétera. Pero cuando se descubre su CI, su credibilidad no es la misma, va disminuyendo o bien queda reducida a cero. El lobbista se extingue, porque la mano que alimenta al chancho pierde paulatino interés en él. Desde el momento en que se supo que Alberto Fernández tenía un contrato con Repsol, su credibilidad se vio grave y justamente afectada. Si, bajo el esquema de un marco regulatorio propicio se obligara a “especialistas” y “periodistas” a divulgar sus CI (sancionándolos toda vez que no lo hagan y se descubra su existencia) la verdad y la confianza de la población en el conocimiento, la ciencia y la técnica ganaría años luz en ética y objetividad. Ganaría el país; ganaríamos los 40 millones.
(Diario Tiempo Argentino, 6 de mayo de 2012)

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