La Argentina liderada por Kirchner y Cristina / Escribe: Pablo Salinas

Antes de que Néstor Kirchner asumiera como presidente de la Nación, en el año 2003, los ex mandatarios Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde habían garantizado la impunidad de los represores de la Argentina dictatorial (1976-1983).

Alfonsín (1983-1986), luego del juicio a las Juntas Militares (1985) acordó la ley de Punto Final, es decir, una prescripción abreviada de los crímenes y la impunidad en un corto plazo de tiempo. Pero para ese momento, ya los fiscales habían elevado causas a juicio y obligaron al entonces presidente a una nueva ley: la de Obediencia Debida. Esa nueva norma permitió que los militares de rangos intermedios e inferiores tengan impunidad por haber obedecido órdenes, una propuesta similar había sido rechazada en Nüremberg.


Pasado ese periodo, quedaban sólo los jefes frente a la justicia. Pero el presidente Carlos Menem (1989-1999) dispuso indultos inconstitucionales que brindaron impunidad a todos los represores, incluso a aquellos que aún no habían sido juzgados.

Aún faltaba el plano internacional, fueron tantos los delitos y crímenes cometidos por el Terrorismo de Estado que los represores Argentinos eran requeridos por España, Alemania, Italia y distintos países europeos por las violaciones a los derechos humanos cometidos contra sus ciudadanos. Y allí llegó Fernando de la Rúa (1999-2001) y negó todas las extradiciones impidiendo incluso la posibilidad de que los represores fuesen juzgados, al menos, en el extranjero.

Eduardo Duhalde (2001-2003) mantuvo todo el esquema de impunidad y hace pocas semanas, devenido en virulento opositor, pidió una amnistía para todos los represores; además de abogar por un país para “los que quieren a Videla”, en alusión a Jorge Rafael Videla, represor que ostentó el cargo de presidente tras el golpe cívico-militar de 1976.

Con la vigencia de esas construcciones estatales de impunidad, Néstor Kirchner (2003-2009) asumió la presidencia de Argentina. Todos los represores estaban libres, no había juicios por el terrorismo de Estado ni en Argentina ni en el extranjero, y con una nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida declarada por el entonces juez Gabriel Cavallo, pero sin pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A partir del 25 de mayo del 2003, el nuevo gobierno decidió terminar con la impunidad garantizada en las décadas anteriores: promovió juicio político a los miembros de la Corte Suprema de la Nación por hechos graves ocurridos durante el gobierno de Menem, quien los había nombrado en el máximo tribunal por ser sus socios o amigos.

Kirchner propuso jueces para el máximo Tribunal que no fueron sus socios ni amigos, sino los más destacados juristas del momento. Asumieron en la Corte abogados de notable trayectoria como Raúl Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay. Con esa nueva composición se logró que a través de un fallo del órgano en el caso Simón, Julio -Fallo de la C.S. del 14 de junio 2005- se declarase la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final.

Así como Raúl Alfonsín en el comienzo de su gobierno tuvo un modelo contra la impunidad formulado por el filósofo Carlos Nino -autor del libro Juicio al Mal Absoluto-, también Kirchner estableció su modelo contra la impunidad. En la década de 1980, luego de una asonada militar, el presidente pactó con los represores y dio por finalizado un modelo que expresaba algunos caminos para juzgar la represión ilegal de la dictadura.

El modelo inaugurado en 2003 por Néstor Kirchner, puso a los represores en el banquillo, sigue vigente en el gobierno de Cristina Fernández, y según el último documento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación los juicios a los represores son una política de Estado irreversible.

Además del fallo que permitió dejar atrás las leyes de impunidad alfonsinistas, la Corte declaró la inconstitucionalidad de los indultos menemistas. A partir de esa acción del Poder Judicial, motorizada por la voluntad política del Poder Ejecutivo, la justicia de todo el país debía empezar a juzgar a los represores.

Pero ante el nuevo modelo de memoria, verdad y justicia, quedaron al descubierto las complicidades de sectores de la justicia en distintas jurisdicciones -como la tan renombrada por estos días de Mendoza- encontraran innumerables dilaciones y los jueces empezaron a dividirse entre jueces de la democracia y jueces de la dictadura.

En esta situación, el gobierno demostró determinación a la hora de promover estrategias y políticas judiciales. Si bien la decisión de que los juicios siguieran y estuvieran en manos de los jueces naturales era una decisión muy difícil, y muchos pedimos que se crearan tribunales especiales para juzgar más rápido todos estos hechos. Néstor Kirchner no creó ningún tipo de justicia paralela ni especial. En el repaso de los resultados se observa que dejar los casos en manos de la Justicia Federal Argentina fue apropiada.

Fue apropiada porque permite que se juzguen los hechos y que jueces que normalmente no estaban avocados a estas causas tengan la obligación de hacerlo, así como forzó a que jueces cómplices quedasen desenmascarados. Justicia para los crímenes y un incipiente saneamiento del sistema.

En la provincia de Mendoza se produjo un hecho inédito en todo el país, producto la política de los “jueces naturales”: el Fiscal General Omar Palermo acusó a todo el Poder Judicial del distrito porque actuó como cómplice durante la dictadura. Así, siete jueces y fiscales federales son investigados por su participación en crímenes contra la humanidad y por no haber promovido investigaciones.

Esto provocó la suspensión del camarista Luis Miret que había ejercido durante la dictadura y que en la actualidad ocupaba el cargo más alto en la Justicia Federal de Mendoza. También se le promovió juicio político a dos camaristas: Otilio Roque Romano, actual presidente de la Cámara Federal de Mendoza; y Julio Demetrio Petra que liberó a todos los represores de Mendoza y San Juan –APM abordó sus casos en ediciones pasadas-.

Es decir, el hecho de que los jueces naturales se encontrasen con el deber de promover las investigaciones generó que la justicia comenzara depurarse, y puso en cuestión a aquellos que sirvieron a la dictadura o no habían tenido la actitud de renunciar.

La política contra la impunidad del gobierno de Néstor Kirchner quedará en la historia. En efecto, el juicio a las Juntas de Alfonsín fue importante simbólicamente, pero las actuales condenas con cárcel común y efectiva para los represores, y la justicia en manos de jueces naturales es un proceso inédito en el mundo.

El juicio de Nüremberg, el juicio de Tokio, los juicios por la Ex Yugoslavia, por Ruanda, el juicio a Adolf Eichmann, el juicio a los coroneles griegos, los juicios seguidos a cuenta gotas en Chile y en Uruguay, son procesos muy distintos. Porque no representan una política amplia, única y sin tribunales especiales como lo que se esta produciendo en Argentina.

Por supuesto que todos estos antecedentes son históricos y fundantes, pero lo que está dando a luz Argentina puede ser uno de los golpes más fuertes contra la impunidad de las matanzas de seres humanos por ideologías delirantes como la Doctrina de Seguridad Nacional o por cuestiones raciales, religiosas, políticas y de cualquier índole.

Si a esto le sumamos expresiones discursivas y simbólicas presentes desde 2003, como la orden que Kirchner dio en 2004 de sacar los retratos de los dictadores que estaban en la Escuela Militar, y el lugar central que los gobiernos de Néstor y Cristina dieron a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.



Si las madres lo consideran un hijo al igual que las abuelas, si la viuda de Héctor Germán Oesterheld -que perdió a su marido y sus cuatro hijas en manos de la última dictadura- en la última feria del libro abrazó a Néstor Kirchner y a la presidenta y dijo que tenía esperanza: huelgan las palabras frente a las víctimas que reivindican el lugar que les dio Kirchner.

Los Hijos también tuvieron y tienen un lugar central. Pensemos en Juan Cabandie, en Horacio Pietragalla, y en todos los “hijos de la misma historia” que fueron incluidos y que empezaron a participar en política con Néstor Kirchner. Agustín Di Toffino, un hijo de desaparecidos de la provincia de Córdoba, puso en su página de Internet “huérfanos otra vez” cuando falleció el ex presidente.

¿Que más podría agregarse acerca de la política contra la impunidad? Se trata de un modelo inaugurado por un presidente que tiene un lugar reservado en la historia de este país y nos hace a todos los argentinos un poco mejores de lo que éramos antes de su gobierno.

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