Presidenta de La Biblioteca y
Casa por la Memoria y la Cultura Popular
El conocimiento generalizado en la sociedad mendocina y a nivel nacional sobre los Derechos Humanos, se basa en dos premisas equivocadas: son “prerrogativas” que cierto núcleo de abogados procuran a delincuentes comunes a fin de enriquecerse o se limitan a “reclamos” de organismos de DDHH conformados por individuos que en el terrorismo de estado fueron victimas de delitos en un contexto de guerra interna y hoy buscan revancha.
Tomando como principio fundamental que todos somos iguales en dignidad y derechos y que estos últimos son inherentes a todo ser humano desde el nacimiento o antes de nacer (según la legislación vigente en cada país), el primer argumento esgrimido ignora que cualquier individuo que ha violado la ley, debe ser sometido a un juicio justo y de ser hallado culpable, sólo pierde el derecho a la libertad ambulatoria y no como pretende la sociedad “ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
En el segundo caso ignoran que no hubo en nuestro país una guerra interna y por ende no existieron dos ejércitos similares enfrentados provocando desapariciones, torturas, violaciones, muerte y robo de bebés. Aún aceptando la teoría de dos fuerzas antagónicas las atrocidades cometidas por el Estado Nacional desde 1974 a 1983 contra la población civil, violaron la Convención de Ginebra, los principios básicos humanitarios sobre trato a prisioneros, y toda ley nacional e internacional al respecto, en suma: un genocidio
De más está decir que la “revancha” está normalizada en todo individuo haya sido o no víctima de un delito común (el ojo por ojo) a partir de una concepción generalizada y que nace de la discriminación. Nuestra nación se fundó sobre la necesidad de conformar una sociedad “blanca” traída del exterior, argumento sostenido por la teoría francesa o inglesa sobre “la degeneración genética” o “la no adaptabilidad” tanto de los pueblos originarios como los afrodescendientes. Durante la conquista los métodos aconsejables para producir la integración son muy bien expresados por José de Acosta provincial jesuita de la orden en Perú, quién expresaba “la índole de los bárbaros es servil y si no se hace uso del miedo y se los obliga con fuerza como a niños, rehúsan obedecer (…) es necesario regir a estas naciones bárbaras principalmente a negros e indios (…) de suerte que con la carga del trabajo asiduo estén apartados del ocio y de la costumbre y con el freno del temor se mantengan dentro de su deber”.
A ello hay que sumarle la tradición liberal que sostiene que “es el individuo libre y autónomo quien por mérito accede a los espacios que se plantean como de interés propio” desconociendo en absoluto las relaciones de poder y por ende las posibilidades reales para acceder a esos espacios (ejemplo: pobres, mujeres, discapacitados, etc.) La consigna social por ende es “no trabajan porque no quieren; no saben, no pueden”. Se excluye al otro con la teoría de “grupos con dificultad de aprendizaje o inferioridad”, y desde la iglesia se refuerza la resignación dado que la exclusión es “querida por Dios o la naturaleza”.
Lo expresado hasta aquí es el resultado de analizar en Mendoza el desconocimiento que la población tiene sobre los Derechos Humanos (sus propios derechos), la indefensión que esto les acarrea frente al estado y los conflictos que tal ignorancia provoca entre los miembros de una sociedad donde existirían ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. “Una sociedad con elevados índices de desigualdad, empobrecimiento, desintegración familiar, falta de fe y horizontes para la juventud, con impunidad e irresponsabilidad siempre será escenario de altos niveles de inseguridad y violencia”.
El 25de mayo de 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner en su discurso de asunción expresó la frase entrecomillada, pero además expresó que: “Es el estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión y creando oportunidades a partir del fortalecimiento de la posibilidad de acceso a la educación, la salud y la vivienda, promoviendo el progreso social basado en el esfuerzo y el trabajo de cada uno. Es el Estado el que debe viabilizar los derechos constitucionales, protegiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad, es decir, los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los usuarios y los consumidores”.
Dentro de este pequeño párrafo están contenidas las políticas públicas emprendidas desde entonces por su gobierno y el gobierno de Cristina Fernández. Los esfuerzos realizados han sido enormes, pero no hubo un total acompañamiento por parte de los estados provinciales o municipales, subsistiendo la discriminación, el desamparo de mujeres y niños, niñas y adolescentes, migrantes, originarios, etc. La provincia ha sido condenada por la Corte Interamericana frente al trato recibido por los internos en las unidades penitenciarias, existen leyes nacionales que aún no recibieron la adhesión provincial, se ha adherido a la Ley 26.485 de protección a la mujer y sin embargo creadas las áreas de género correspondientes, carecen de recursos para enfrentar el flagelo de la violencia de género.
Sin embargo somos optimistas y creemos que los cambios conllevan procesos, etapas, tiempos que difieren entre el país y los hombres. Lo importante es el compromiso que se asuma desde los tres poderes, pero también desde la sociedad, ya que de ella provienen los hombres que integran estos poderes institucionales. Cada individuo que ocupa un lugar en el estado debe reconocerse como igual al otro que demanda su atención y no diferente de ese “otro” que ha construido para depositar sus resentimientos y fracasos, ubicándose como individuo superior. José Pablo Feinmann dijo alguna vez que: “Ya sabemos que la Argentina se ha deslizado de un Otro a Otro y a Otro: el gauchaje federal, el malón, la inmigración, el cabecita negra, la guerrilla, los piqueteros, etc. Siempre se necesita otro. Alguien en quien depositar el odio”. Sólo aceptando que somos iguales en dignidad y derechos podremos construir una nueva Nación.
Para finalizar y ante lo expuesto por Alda Facio (jurista Costarricense) podemos decir que ningún Estado puede sostener que no tiene recursos suficientes para garantizar el trabajo a mujeres y hombres en igualdad de condiciones y que por el momento va a garantizarlo sólo a los hombres o a determinadas personas. Además aunque no tuviera recursos suficientes corresponde a aquellos que estén en condiciones de hacerlo, prestarle la asistencia y cooperación internacionales necesarias para que pueda cumplir con sus obligaciones más urgentes: por ejemplo reducción de la mortalidad materna y la feminización de la pobreza, eliminación de la violencia de género, la educación de las niñas y niños, etc.
El apego a la normativa vigente, el respeto a los Pactos Internacionales ratificados por nuestro país, el respeto, protección y promoción de los derechos, nos acercará a un país en serio, borrando la impunidad, el “vale todo” para algunos y la “viveza criolla”.
(Casa por la Memoria y la Cultura Popular)
