El nuevo abogado de la Argentina ante la Corte Suprema de Estados Unidos, Paul Clement, se reunió tres veces con el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y le aseguró que "existen chances ciertas de ganar el juicio contra los fondos buitre". Con eso como base, la vía judicial se mantiene como la apuesta principal, dejando las negociaciones extrajudiciales atadas al requisito de no violar los límites del canje ni precisar la intervención directa del gobierno nacional.
"Estamos convencidos de que él no hubiera agarrado el caso si no fuera verdad que cree que no sólo es posible que la Corte decida tratar nuestro pedido, sino que también podemos ganarlo", indicaron fuentes oficiales a Tiempo Argentino para explicar su confianza. Clement estuvo 16 veces ante el máximo tribunal en los últimos dos años y es reconocido como uno de los profesionales más destacados para recurrir a esa instancia, con lo que en el gobierno evalúan que "es improbable que una persona que no necesita sumar otro caso y mucho menos una derrota se juegue porque sí".
A la hora de ver el movimiento que se desarrolla a los costados de los tribunales, en el gobierno aseguran que tienen conocimiento del diálogo entre las terceras partes pero que no forman parte de ninguno de los procesos. "¿Nos oponemos a que se encuentre una solución por afuera? De ninguna manera. Si logran establecer un camino que esté dentro del mandato que nos dio el Congreso y a la hora de pagar el Tesoro no tiene que poner plata de más sería fantástico", señaló una de las personas que trabaja sobre el tema.
Ahora sí, el problema reside justamente en eso, en que las opciones necesitan realizar los esfuerzos para no moverse de los límites que pone la reapertura del canje de deuda que aprobó el Parlamento. Los lineamientos de una reestructuración no pueden implicar erogaciones mayores que la que vendría de la mano de una normalización al 100% bajo las condiciones del canje 2010.
Por un lado la opción del Estudio Garrido incluye dentro de sus propuestas un pedido de adelantamiento de la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers o derechos sobre futuras ofertas), que vence en diciembre de 2014 e impide darle a los holdouts más de lo que recibieron aquellos que entraron al canje sin actualizar lo que reciben estos últimos. La pregunta ahí reside en cuál sería el bolsillo del que saldría un dinero extra. Si tuviera que ser del Tesoro nacional, eso chocaría con los límites de la reapertura del canje (como se dijo, la oferta no puede superar a la de 2010) y con la decisión política del gobierno de no poner ni un peso más para los holdouts. Esa posición sigue firme.
Por otro lado, la opción de Gramercy sí cumpliría con todas las condiciones como para adaptarse al plan oficial, pero debería convencer al 75% de los tenedores de bonos reestructurados y esa es la arista es difícil. Ya aceptaron una quita significativa en su comienzo, y desde sectores oficiales ven difícil que, como propone la oferta que prepara el fondo estadounidense, se los vuelva a convencer de ceder dinero.
Además Elliot, el principal "enemigo" de la Argentina en el caso judicial, también rechazó cerrar los juicios a cambio de recibir una parte de los intereses que ahora cobran los bonistas que entraron a los canjes. Todos podrían ganar con una resolución total que derivara en una revalorización de los bonos argentinos, pero las negociaciones son muy difíciles y el devenir del plan es incierto.
Sobre los mensajes con tono negociador de los fondos buitre, en el Ministerio de Economía creen que sólo son una provocación. "Lo que escuchamos en los últimos años es que se quedaban con la fragata, que congelaban las cuentas del Banco Nación, que se llevaban las reservas del Banco Central, que se quedaban con la plata de las embajadas. ¿Esa es la negociación de buena fe de la que hablan ahora? La reacción del gobierno es mantenerse en lo que ya venía haciendo", le dijo una fuente calificada a Tiempo.
En Economía ahora están a la espera de la resolución en "banc" del pleno de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, que se está tardando más de lo esperado. Todo indica que ese escalón se cerrará con un rechazo antes de fin de año, lo que abrirá un período de 90 días para que la Argentina recurra al máximo tribunal. Ahí entrará en escena Clement y despejará con mayores detalles cuál será la artillería que usará el país para convencer a los supremos de tomar el caso. De todas formas estos se pueden tomar más de 100 días sólo para aceptar o no el certiorari (como se conoce en la jerga legal al pedido de revisión a la Corte Suprema), con lo que todavía hay mucho tiempo por delante.
Aunque hacen uso de todas las instancias y obviamente el estiramiento de los plazos sirve para retrasar el fallo, no hay especial interés en llegar tanto más adelante con la fecha de resolución. "No nos interesa llegar a 2015 pensando en que se cae la posibilidad de negociar por fuera de lo establecido para los que tienen papeles reestructurados. No firmaríamos de ninguna manera ni iríamos al Congreso a pedir que nos habiliten a pagarles más a los buitres después de la política que llevamos adelante por años", subrayaron en Economía.
Planes extrajudiciales
La propuesta del Estudio Garrido incluye el reconocimiento del capital con una quita del 25% y una tasa de interés del 4% anual, reconocimiento a una tasa similar de los intereses y la entrega de un bono a cinco años, suscripciones tanto de los holdouts como de los tenedores de bonos reestructurados a un bono para energía, un adelantamiento del vencimiento de la cláusula de acreedor más favorecido, del 31 de diciembre de 2013 al 30 de abril de 2014.
En tanto, la opción Gramercy busca que los tenedores de bonos reestructurados cedan un porcentaje de los intereses de sus cobros para formar un fideicomiso que les asegure un dinero extra a los buitres, aparte de lo que recibirían por entrar al canje y dejar de lado los juicios.
Cómo fue el canje de 2010
–Se lanzó por 18 mil millones de dólares de los bonos en default. Estuvo abierto por 30 días.
–La adhesión fue del 66% de los inversiones institucionales y minoristas que todavía tenían papeles defaulteados.
–Esos 12 mil millones de dólares ingresados empujaron hacia el 92% la adhesión a la reestructuración del total de los 102 mil millones de dólares declarados en cesación de pagos en 2001.
–Los instrumentos financieros que se emitieron fueron: "Bonos Internacionales de la República Argentina", "Bonos de la República Argentina", "Bonos internacionales Globales de la República Argentina en Dólares Estadounidenses 8,75% 2017".
–A su vez, se lanzó la segunda serie de "Valor Negociable Vinculado al PBI" en dólares bajo la ley de Nueva York y otro con ley aplicable de Argentina.
–La operación determinó una quita total del 75,6 por ciento. Así se redujo entre un 60 y un 70% el capital nominal de los bonos defaulteados presentados en la operación, eso sin contar los 7000 millones de dólares de intereses desde 2003 a la fecha, los cuales fueron cancelados con bonos.
(Diario Tiempo Argentino, domingo 17 de noviembre de 2013)
