En la ofensiva contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por la creación de Procuradurías Temáticas y la designación de fiscales ad hoc, subrogantes o coadyuvantes, coinciden sectores muy distintos de la política, la Justicia, los servicios de informaciones y el poder económico y financiero, alarmados por el activismo del Ministerio Público Fiscal, que no respetó pactos preexistentes, esferas de poder, combinaciones de negocios ni acuerdos de compraventa de influencias. Desde el punto de vista del interés social lo que está en juego es el rol de la Justicia y su decisión y capacidad para enfrentar a las mayores organizaciones criminales. Un clarísimo ejemplo se encuentra en el cotejo de las acciones de la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero (Ufilavdin) con las de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La primera fue creada en 2006 por el ex procurador Esteban Righi y estuvo a cargo del fiscal general Raúl Plee. La segunda, en 2012 por Gils Carbó, quien designó allí al fiscal Carlos Gonella. En 2012, Plee solicitó el embargo de 300.000 pesos en bonos, tres vehículos y un inmueble y secuestró 120.000 dólares. En lo que va de 2013, Gonella pidió el embargo de 187 millones de pesos y secuestró 3,3 millones. La Ufilavdin obtuvo dos medidas cautelares y la Procelac 257. Plee solicitaba el archivo de la mayoría de las denuncias que recibía, Gonella de ninguna. Se entiende que el titular de la Procelac y su jefa hayan sido el blanco elegido.
De escudos y rehenes
Gils Carbó no perdió el tiempo. En cuanto asumió el cargo, en agosto de 2012, comenzó a crear las procuradurías temáticas, organizar los equipos de trabajo y designar fiscales subrogantes y/o ad hoc en causas de criminalidad económica, narcocriminalidad, trata de personas y violencia institucional. Recibió entonces la visita del fiscal general ante la Cámara Federal de la Capital, Germán Moldes. Sin alzar nunca la voz, Moldes le informó, por si no lo supiera: “Recuerde doctora que Gustavo Beliz quiso fusionar el fuero federal con el de instrucción y tuvo que irse a vivir a otro país”. El desplazamiento de Plee fue leído como una declaración de guerra en los tribunales federales de la avenida Comodoro Py, donde en dos décadas Moldes llegó a convertirse en un pilar del sistema vigente. Antes fue viceministro del Interior con José Luis Manzano, gestión durante la cual intervino en el irregular ingreso al país de los traficantes de armas y primos políticos del presidente Menem, Monzer y Ghazan Al-Kassar. Cuando le hicieron pagar el escándalo a la Dirección Nacional de Migraciones, su relevado director denunció que Moldes cobraba comisiones por autorizar en forma irregular trámites de inmigrantes asiáticos y por permitir el paso por puestos de frontera y aeropuertos de personas buscadas. Según Gustavo Druetta, Moldes lo exhortó a que él también “recaudara”. A la caída de Manzano, el secretario de la SIDE Hugo Anzorreguy remitió a Moldes a tribunales, como fiscal ad hoc en la causa AMIA, para supervisar que las investigaciones no rozaran al gobierno. El ariete encargado de cumplir la amenaza de Moldes a la Procuradora fue el fiscal federal Guillermo Marijuan. Pequeño, relleno y desaliñado, Marijuan es la contracara perfecta de Moldes, longilíneo y elegante como un dandy. Pero la extraña pareja se complementa a la perfección. Además, Marijuan suma otro elemento importante a la coalición: es el hombre más próximo en Comodoro Py al diputado electo Sergio Massa. En 2002, el entonces Procurador General Nicolás Becerra suscribió un convenio con la ANSES, creando una Unidad Fiscal a cargo de Marijuan para investigar delitos contra la Seguridad Social (UFISES), que, en cooperación con Massa, debía asistir a los fiscales federales de todo el país y organizar tareas de capacitación. La principal preocupación que Massa transmitía por entonces a sus colaboradores era crear “un escudo judicial para no ser rehén de Comodoro Py”. Ese broquel incluía al también fiscal Carlos Stornelli y a los jueces Guillermo Montenegro y Claudio Bonadío, otro gran valor surgido de la escudería Manzano. El asistente de Massa en esa construcción fue su asesor jurídico Gabriel Mihura Estrada, sobrino del ex Secretario de Seguridad de la dictadura y del menemismo, Santiago de Estrada.
El Obispo
De Estrada era uno de los principales consejeros de Massa en el ente previsional, junto con Horacio Rodríguez Larreta. El bisemanario Perfil sostuvo que Massa se refiere a Marijuan como Guido, por la sede de la Procuración General, donde tendría el propósito de designarlo titular. La probabilidad de que ello ocurra es ínfima. Que la fuerza provincial que construyó el intendente de Tigre llegue a la presidencia es una hipótesis de envidiable optimismo. Pero aún si ello sucediera, Gils Carbó sólo podría ser removida por juicio político, con los dos tercios de cada cámara del Congreso, igual que los jueces de la Corte Suprema. El 4 de marzo de este año el municipio de Tigre comunicó los avances en la construcción de un moderno estadio de hockey. El informe oficial concluye con el comentario aprobatorio de Marijuan, a quien la gacetilla presenta como un colaborador en la iniciativa y padre de una jugadora: “Estamos muy conformes porque la cancha será de primer nivel, como lo exigió el intendente Ma-ssa”, dice.
Una tradición democrática
Ante una denuncia del senador radical Mario Cimadevilla, según quien la “modificación de la estructura” del Ministerio Público y la “designación irregular” de fiscales ad hoc y subrogantes violarían la ley y la Constitución, Marijuán imputó a la Procuradora y a 39 funcionarios designados durante su gestión con y sin acuerdo del Senado. Como Gils Carbó carecería de facultades para nombrarlos, esos funcionarios habrían usurpado la autoridad que ejercieron. Tanto Cimadevilla como Marijuan mencionaron como ejemplo los casos de Procelac, a cargo de Gonella, y Procunar, la Procuraduría contra la narcocriminalidad a cargo de Félix Crous. Ambos son fiscales con acuerdo del Senado. El 3 de mayo el juez Sebastián Casanello no sólo entendió que no había delito. También cuestionó, con citas del maestro Julio Maier, una estructura judicial medieval que las fiscalías reproducen en espejo. La creación de la Procelac y la Procunar exteriorizan la preocupación de Gils Carbó “por superar ese tipo de organización y alcanzar una más eficiente”, escribió el juez. También dijo que las designaciones, basadas en los artículos 11 y 33 de la ley orgánica del Ministerio Público y en el 120 de la Constitución, ya habían sido invocados para paliar el déficit de fiscales por los anteriores titulares de la Procuración General, y que de no hacerlo Gils Carbó hubiera incumplido con su mandato. Así es. En 1984 el Procurador General del presidente Raúl Alfonsín, el dirigente radical Juan Octavio Gauna, nombró como fiscal adjunto en el juicio contra las primeras juntas militares al joven secretario de la Procuración General Luis Moreno Ocampo. En 1990 el primer Procurador General del menemismo, Oscar Eduardo Roger, dispuso que el entonces secretario Martín Niklison interviniera como fiscal ad hoc en el juicio por el alzamiento del coronel Mohamed Seineldín. La reforma constitucional de 1994, que convirtió al Ministerio Público en un órgano independiente, con la función de promover la actuación de la justicia en defensa de los intereses generales de la sociedad, reforzó la legalidad de esta herramienta de política criminal. Esto fue incluso reconocido por el Estado Nacional ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando se comprometió en el caso de la dirigente del CELS Carmen Aguiar de Lapacó a gestionar la designación de un cuerpo de fiscales ad hoc que actuaran en las causas por la verdad, como coadyuvantes y sin desplazar a los fiscales titulares, tal como ocurre en la actualidad con las Procuradurías y los fiscales ad hoc. Un compromiso similar asumió el Estado en 2009, en el caso Vazquez Ferrá, de las Abuelas de Plaza de Mayo, de modo que fiscales especiales diseñaran y ejecutaran un plan de investigación sobre la apropiación de niños durante la última dictadura militar. Equipos de trabajo de este tipo impulsaron los procesos por crímenes de lesa humanidad en todo el país y otras causas de gran trascendencia social, como las de violencia de género y trata de personas; el asesinato del militante social Mariano Ferreyra; el lavado de activos del Grupo Alé en Tucumán, derivación de la causa por el secuestro de Marita Verón; el expediente en el que el fiscal subrogante Juan Murray logró el procesamiento del ex jefe de la policía santafesina Hugo Tognoli por colusión con el narcotráfico, o la similar causa cordobesa en la que la Procunar asistió al fiscal Enrique Senestrari en el desbaratamiento de la cúpula de la policía provincial, que también participaba en el negocio ilegal de los narcóticos. Basta esta breve pero impresionante lista de casos para advertir el papel decisivo que la Procuración General ha tenido para cortar las redes de ilegalidad que dejaban impunes graves delitos. Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba, el socialista Antonio Bonfatti y el Peornista Opositor José De la Sota, no tuvieron mejor idea que acusar al gobierno nacional, por el detalle secundario aunque no trivial, de que Gils Carbó integra la agrupación Justicia Legítima. Pero luego debieron reconocer la realidad y remover a sus respectivas cúpulas de seguridad. El santafesino incluso firmó un convenio de cooperación con la Procuradora.
La teoría del vértigo
Cuando Casanello desestimó la denuncia, Marijuán apeló invocando la supuesta “garantía del fiscal natural”, que no figura en la ley, la doctrina ni la jurisprudencia. Moldes sostuvo la apelación en un escrito mínimo en el que a falta de argumentos legales sólo reflexionó sobre la mala relación entre la labor judicial y el vértigo. La Sala I de la Cámara Federal hizo lugar y revocó por prematuro el fallo de Casanello. La resolución fue preparada por el camarista Eduardo Farah, quien defiende los argumentos de la Secretaría de Inteligencia en las dos salas de ese tribunal, y firmada por su colega Jorge Ballesteros, un hombre que ya está hecho y ama las actividades deportivas y viajar por el mundo. A la denuncia de Cimadevilla se sumaron otras, muestrario del amplio espectro de animadversiones suscitado por el cambio de actitud y de ritmo del Ministerio Público. Una de una asociación civil próxima al radicalismo, otra del legislador pinosolanista Julio Raffo, otra de la diputada lilicarriotista Elisa Carrió. La de Raffo contra Gonella, que Carrió extendió a Gils Carbó y Casanello, fueron radicadas en el tribunal del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y su fiscal es Gerardo Di Masi. Ambas sostienen que los funcionarios encubrieron delitos que habrían cometido el ministro Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez. Con cada nueva denuncia, Marijuan amplió su requerimiento y llegó a pedir la indagatoria de Gils Carbó y de Gonella y que la denuncia original se acumulara en el juzgado de Martínez de Giorgi, a quien considera más permeable que Casanello. La versión del encubrimiento surgió de trascendidos filtrados por Marijuan, que La Nación y Clarín dieron por ciertos. Pero ambos diarios debieron publicar extensas rectificaciones enviadas por Gonella, quien demostró con documentos de la causa que nunca hubo ningún proyecto de dictamen que incluyera al ministro y al empresario. Mientras Marijuán se encontraba de licencia los dictámenes fueron firmados junto a Gonella por el fiscal en el inicio de la causa Báez, Ramiro González, un subrogante que no figura entre los acusados por Marijuan. La imputación inicial, girada a Gonella por el secretario de la fiscalía interviniente, Carlos Alberto Vasser, sólo mencionaba a Federico Elaskar y Leonardo Fariña. Ante una nota periodística, Gonella pidió informes a la Unidad de Información Financiera (UIF) y al Banco Central de la República Argentina, y de allí surgió la posterior imputación a Báez, también firmada por González, quien desmintió en una nota a la Procuración haber recibido cualquier presión de Gonella. También enfiló contra la Procuración el defensor de Carlos Pedro Blaquier, Jorge Valerga Aráoz, quien pretendía el apartamiento del fiscal ad hoc Pablo Pelazzo. Esto fue concedido por la Cámara Federal de Salta, pero el fallo fue apelado ante la Cámara de Casación, que ya rechazó un recurso similar contra Gonella. Quien lo presentó fue el ex general Luciano Benjamín Menéndez, en la causa en la que fue condenado por el asesinato en La Rioja de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville, donde Gonella fue fiscal subrogante. El voto del presidente de la Casación, Gustavo Hornos, fue explícito en la defensa de la legalidad del acto por el que Righi designó a Gonella, lo cual preanuncia el resultado en las causas pendientes, cuyo principal efecto es el escándalo.
(Diario Página 12, domingo 17 de noviembre de 2013)
