La sentencia de la Corte Suprema reconociendo la plena constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA) desató la furia del Grupo Clarín, sus corifeos e intelectuales orgánicos. Pocos se interesaron en el contenido del fallo, muchos menos dieron cuenta de haberlo leído siquiera. Ni hablar de analizarlo con rigor.
Frente a un hecho de resonancia institucional y virtuosas proyecciones históricas primaron la réplica infundada, la argumentación “ad hominem”, amén de las distracciones en nimiedades.
El Tribunal, como todo estamento del Estado, produce hechos valiosos, comete errores, eventualmente raya alto, a veces cae en inconsecuencias. La perfección y aun la plena coherencia son, ay, inalcanzables. El saldo de una Corte que lleva nueve años es más que bueno, en promedio. En este expediente ocurre algo similar: el saldo final es alto, aunque ha habido decisiones muy cuestionables en el largo itinerario a la decisión final. Entre ellas, la prolongación del pleito, premio indebido a la mala fe procesal del Grupo y a la complicidad de jueces y camaristas deplorables. Algún diputado también colaboró como pseudo procurador de Clarín, afrentando su mandato.
Mucho de lo escrito y vociferado en estos días versó sobre menudencias o cuestiones adjetivas. Vale la pena recorrerlas, porque debajo de lo mínimo subyacen cuestiones interesantes, debilidades del discurso opositor, verdades que se callan o solapan.
A Clarín, sus formadores de opinión y adláteres los puso nervioshos y hasta shacó de quicio el día en que se pronunció el veredicto.
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El relato existe, epa: El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, venía siendo un mimado por el establishment. Hace menos de cinco meses, el 19 de junio, su foto ocupó cinco columnas de la tapa de La Nación, más de la mitad. Un crédito enorme, con escasos precedentes, si los hay.
Era el premio a la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la ley que estableció la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. Ahora el hombre no es el enemigo público número uno pero está en el pelotón que aspira a tamaño lauro.
Una fracción asombrosa de los dicterios contra Lorenzetti es por el momento en que se difundió el fallo, dos días después de las elecciones generales. Se le endilga haberse apurado, haber interferido con el tiempo de la política, haber desdibujado el veredicto electoral.
La forzosa primera réplica al cuestionamiento, que encabezó notas casi calcadas de editorialistas en Clarín y La Nación, es que la Corte no pecó de apresurada, sino de retardataria. La sentencia no se apuró, se dilató en demasía, como ya se dijo. Demasiada tolerancia con medidas cautelares infundadas se combinó con el tiempo vaticano que se concedió el mismo Tribunal para pronunciarse. Legalmente, la Corte no tiene plazos para expedirse. Es una vergüenza pero es dura lex: podría ablandársela acelerando la gestión. Los cortesanos se abstuvieron de hacerlo.
Los Supremos, empezando por Lorenzetti, arguyeron siempre que lo mejor era que el conflicto por la LdSCA se resolviera a través de una sentencia definitiva y no de medidas cautelares. Es encomiable el criterio, que se concretó parcialmente. El devenir del pleito toleró que las cautelares incidieran en la realidad, concediendo años de injusta protección a Clarín.
Cuando se acercaba el desenlace, Lorenzetti consiguió prorrogarlo hasta después de las elecciones generales. Enrique Petracchi y Eugenio Raúl Zaffaroni lo instaron a apurarse (por así decir), dejando en claro que jamás se llegaría a votos unificados, como mocionaba el presidente del cuerpo. Seguir tirando la pelota afuera carecía de sentido, con todos los votos escritos e irrevocables. Así se hizo. Y tronó el escarmiento mediático, infundado como ya se señaló.
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Las famosas tres tapas: Había que dejar decantar el veredicto electoral, alegan los ofendidos. Traducido al criollo: el encono viene porque la realidad le impuso dos o tres tapas en días que pensaban consagrar a la exaltación del diputado electo Sergio Massa. La tirria contradice la lectura dominante sobre los comicios. Los ofendidos alegaron que su resultado es, inexorablemente, el fin del ciclo kirchnerista. La realidad es versátil, dos años son mucho tiempo, el porvenir es un “jardín de senderos que se bifurcan”, nada de eso disuade a la Vulgata hegemónica. Su profecía sobre el futuro político está inscripta en la piedra. Nada puede alterarla, ningún acontecimiento imaginable o imprevisto afectará al fin de ciclo. Siendo así, es más sorprendente la embestida. Ya se ha probado que tres tapas no consiguen voltear a un gobierno, cabe suponer que tres de otro signo no se bastan para reponerlo.
Quizá la explicación sea otra. La oposición mediática y buena parte de la política advirtieron que el oficialismo no está vencido. La integración del Congreso, la aprobación del Presupuesto 2014 y de leyes económicas importantes, el crecimiento de la buena imagen presidencial son señales de alerta. No todo está dicho y eso enoja, no la hipotética falta de timing de la Corte.
También subleva que la agenda cotidiana siga en disputa. Que, con tanto poder, los medios dominantes no consigan manejarla a su antojo.
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Agenda y relato: Durante los últimos años se ha remachado que el “relato” oficialista es una falacia. Más aún, que no tiene sentido elaborar un relato. Por añadidura, los refutadores seriales niegan que haya una agenda mediática, susceptible de ser manipulada o tan siquiera editada. Sólo existen los hechos, que “el periodismo independiente” destaca con probidad frente a las falacias del régimen.
Sin embargo, los medios dominantes pierden la chaveta y el decoro verbal cuando un hecho relevante altera la agenda soñada.
Es que, intuye sin originalidad el cronista, el relato existe. Es más, no hay acción política ni ideología sin un relato que las vertebre. Una cosmovisión o ideología es una lectura del mundo organizada y, a su manera, lógica. Jerarquiza hechos, explica sus relaciones, los pondera conforme a una escala de valores.
La labor de editar un medio trajina un camino similar, con todas las variaciones propias de la actividad. Claro que hay hechos cuya gravitación es innegable, preponderantes “por cojones”. Las elecciones, el atentado contra las Torres Gemelas, Fukushima, son tapas sí o sí. Pero su explicación, los puntos salientes, sus proyecciones se elaboran según el pensamiento de cada cual.
Los relatos existen, la Corpo y la Opo se resienten porque el suyo sufrió un mentís rotundo. Los pretensos institucionalistas quedaron en off side. La ley es constitucional, los manejos de Clarín arteros, la información un bien social, la regulación estatal un recurso válido, cuando no necesario.
He ahí otros datos que encolerizan, mucho más que el día de la sentencia.
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Un rebusque para devaluar: Otro rebusque para devaluar la sentencia es valerse de algunas consideraciones laterales, volcadas por algunos de los jueces de la Corte: Lorenzetti, Elena Highton y Petracchi (en parte). Esas reflexiones son postuladas en el voto conjunto de Lorenzetti y Highton que, en la página 30 de la versión on line, estipulan que se trata de un “obiter dictum”. En jerga, un “obiter” son razonamientos adicionales, que no forman parte estricta de una sentencia. No son cosa juzgada, pues, por su relativa ajenidad a lo litigado.
Hay variados pareceres sobre la utilidad de los obiter, entre los abogados y juristas. El cronista se inscribe entre los que, sin ponerse dogmático, cree que la mayoría de las veces confunden más de lo que aportan. Pueden parecerse más a divagaciones que a conclusiones serias. La falta de poder para tornarlos aplicables aconseja ser avaro con el recurso.
De cualquier modo, no es discutible que el obiter (que los jueces en cuestión describieron bien y separaron en un apartado, como para evitar confusiones) no tiene imperium para condicionar a las partes.
Los derrotados en lo esencial, transformaron a las disquisiciones cortesanas en “fundamentos” o hasta “recomendaciones”. Pero hete aquí que la Corte no puede recomendar cómo debió legislarse la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). Lo cierto es que el órgano es político, de ahí que lo integren variadas representaciones parlamentarias minoritarias. Sería absurdo ese recaudo en un ente “imparcial” o apolítico.
Otro tanto puede decirse respecto de lo argüido sobre la pauta oficial, cuestión que atañe más (piensa el cronista) a la prensa escrita que a la audiovisual.
Como sea, muchos opositores trastocaron el sentido de las “recomendaciones”. Diputados del PRO colmaron la medida: dedujeron un recurso pidiendo se suspendiera el fallo hasta que se honraran las recomendaciones. En esta columna se escribió, hace una semana, que era un dislate que debía ser rechazado de volea. El tribunal lo hizo pero no sancionó a los litigantes por su abuso de la judicialización. Las reglas procesales prevén sanciones para quien pleitea de modo temerario. Una multa, así fuera de un valor simbólico, ayudaría a calibrar mejor la conducta de los legisladores pero otra vez primó una falsa transigencia.
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En plena licencia: La sentencia, lo fundamental, es un salto de calidad del sistema democrático, cuando estaba cumplir 30 años, edad que combina juventud con madurez.
En uso de sus derechos como protagonista, Lorenzetti optó por divulgar sus posiciones en un programa de radio y un diario fervorosamente opositores. Perfil distorsionó sus dichos, la mendacidad se hizo tapa en otros espacios críticos hacia el Gobierno. La desmentida llegó como es regla: tarde y presentada con subterfugios y falsías.
En el fragor de la brega se llegó a promover un disparate: es delito que los integrantes de dos poderes del estado se comuniquen. Exótica idea parida por los autodenominados promotores del “diálogo...” pero las palabras son etéreas mientras los intereses son sólidos. El sentido común hegemónico no aspira a la coherencia, sino a la dominación.
La organización Justicia Legítima elogió el fallo, como había anticipado su titular, la camarista María Laura Garrigós de Rébori, en un reportaje concedido a Página/12. Tal vez el episodio ayude a disipar algo el encono del presidente de la Corte con esa agrupación en la que revistan jueces, funcionarios y abogados de destacada trayectoria. Si se mitigaran celos o vanidades, se advertiría que son mucho más afines a las más recordables sentencias de la Corte que sus pares de primera instancia o de Cámara que apañaron la mala praxis de Clarín.
Todos estos sucedidos se produjeron durante la licencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los poderes del Estado no dejaron de funcionar, las internas del partido de gobierno se insinuaron pero de modo muy tenue para lo que son los hábitos nacionales.
Seguramente el Poder Judicial será escenario de otras disputas u ofensivas contra sus mejores integrantes y contra el oficialismo. No son lo mismo, pero coinciden en ser bestias negras de una derecha corporativa que, aunque sacudida, no bajará la guardia.
(Diario Página 12, domingo 10 de noviembre de 2013)
