La promocionada audiencia de periodistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA ni siquiera alcanzó las expectativas que intentaron generar desde los medios que confiaron su representación a Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá. La pobreza argumental de los periodistas llevaron a los integrantes de la Comisión a hacer una rápida aclaración: "Los testimonios no constituyen un caso específico para que la comisión se pronuncie."
Los peticionantes –tal el rótulo que le otorgó la Comisión a los representantes de las empresas que solicitaron la audiencia– redujeron la cuestión de la libertad de expresión a una mera discusión económica sobre la distribución de la pauta oficial y no pudieron explicar por qué ante la supuesta gravedad de la situación no hicieron presentaciones judiciales ante la justicia local.
Tanto Rosa María Ortiz como Rodrigo Escobar Gil, dos de los miembros de la Comisión, avanzaron ante el relato de los interesados y preguntaron, ante la supuesta gravedad de la situación denunciada, "si habían presentado denuncias en la justicia o ante la Procuración General de la Nación", y en caso de que no lo hubieran hecho solicitaron "que expliquen la razón".
La respuesta nunca llegó. Tanto Morales Solá como Ruiz Guiñazú prefirieron dedicar el tiempo de la Comisión a intentar enhebrar argumentos que demostrasen sin ejemplos concretos los supuestos atropellos del Estado. El aporte más importante a la confusión lo hizo Morales Solá. "Ustedes se preguntarán si los periodistas argentinos podemos decir o escribir lo que pensamos", preguntó el hombre de TN y La Nación y siguió: "La respuesta es que sí", aunque agregó que los periodistas allí presentes "no trabajan tranquilos" debido a las críticas que reciben.
Con una concepción similar Ruiz Guiñazú comenzó su exposición, en la audiencia que se extendió por una hora, con un breve testimonio sobre un hecho ocurrido en 2010 en el que, según dijo, fue protagonista y "acusada falsamente" de haber sido la jefa de prensa del Ministerio de Economía de la última dictadura militar.
Al respecto, la relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, advirtió que quienes critican a los peticionantes "también están en el ejercicio de la libertad de expresión". Más aún, Botero les preguntó si las críticas dirigidas hacia ellos "no se tratan también del ejercicio de la libertad de expresión de un sector de la sociedad civil" y si no se deben también "respetar esas manifestaciones".
Ante la notoria vaguedad de los argumentos del tenor de "la libertad de expresión en la Argentina está siendo cercenada" y teniendo en cuenta que al solicitar la habilitación del panel de discusión los peticionantes advirtieron que se registran "distintas acciones adoptadas por el Estado argentino que implican serios retrocesos en la vigencia del derecho de libertad de expresión", la Comisión pidió precisiones. En este caso, la respuesta tampoco llegó.
El director de Derechos Humanos en los Contencioso Internacional de la Cancillería, Javier Salgado, fue contundente frente a la pobreza argumental y afirmó: "No se advierten razones objetivas para que el Estado argentino haya sido convocado a una audiencia en sede internacional, donde se pretende poner en tela de juicio la efectiva vigencia de tales estándares sin un respaldo concreto que amerite la intervención."
Por otra parte, Ortiz, ante la inverosimilitud de lo planteado, abonó el camino recorrido por Salgado: "La ley Argentina es motivo de felicitación. Es una de las tantas que bregan por la democratización de los medios."
Dado el curso que tomó la audiencia y el casi monotemático cuestionamiento sobre la distribución de la publicidad oficial Juan Ross, secretario de Gestión Administrativa de la Jefatura de Gabinete y uno de los dos representantes del Estado presentes , decidió profundizar al respecto y en primer término subrayó: "El Estado Argentino tiene criterios para la distribución de publicidad oficial."
En tanto que a la hora de argumentar, el funcionario recurrió a demostrar la imposibilidad fáctica que tiene el Estado para ejercer algún tipo de censura debido a la mínima porción de la torta publicitaria que representa la publicidad oficial y detalló que "la publicidad oficial en 2009 fue de 388 millones de pesos y hacia fines de 2012 llegó a 796" en tanto que la publicidad "en 2003 fue 2200 millones y a fines de 2012 llegó a 22 mil millones".
(Diario Tiempo Argentino, sábado 2 de noviembre de 2013)
