La Suprema Corte de EE.UU. pareciera dispuesta a declarar inconstitucional la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en inglés) que el Congreso aprobó en 1996 bajo la presidencia de Bill Clinton y que prohíbe los casamientos entre personas del mismo sexo. El martes pasado se inició el debate en el máximo órgano de Justicia y los antigays no salieron bien parados.
La juez Elena Kagan pasó revista al informe que la Cámara de Representantes elaboró cuando se aprobó la ley. Leyó: “El Congreso ha decidido reflejar y honrar un juicio moral colectivo y expresar su desaprobación de la homosexualidad”; se dice que hubo carraspeos y risas en la sala (www.salon.com, 28/3/13). La mayoría de los jueces de la Corte aprobarían el desechar DOMA: aducen que es una ley basada en la moral y no en el derecho. El “matrimonio entre iguales” es legal en nueve estados de la Unión y en el distrito de Washington, pero está prohibido en los otros 31 estados.
Si la Suprema Corte aprueba la derogación o modificación de DOMA, su decisión tendrá alcance federal y las parejas lesbian-gay gozarán de todos los derechos y beneficios que asisten a los matrimonios heterosexuales: exención de algunos impuestos, seguridad social para los cónyuges y apoyos a los veteranos de guerra. Obama se pronunció claramente a favor de la derogación de DOMA y envió abogados al proceso como parte, afirmando el principio constitucional de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
Hace décadas que la parejas homosexuales reivindican su condición en Occidente. No sólo abunda la literatura en la materia: producen acciones como las “marchas del orgullo gay”. A quien esto escribe le tocó presenciar una en Berlín hace unos años. De pie en la puerta del hotel, vio desfilar a miles de personas, algunas disfrazadas, familias con sus hijos en carriolas y algo ingenioso y divertido: un gay vestido de campera y pantalón de cuero negro con brazaletes de eslabones de cadena y una sillita para niños colgada del cuello contra su pecho en la que había sentado a un peluche, un osito vestido exactamente igual que el portador. Era simbólico, sin duda: tal vez reclamaba así el derecho a criar hijos.
El movimiento fue ganando espacio en la opinión pública occidental, incluida la estadounidense. Un estudio reciente del Pew Center de Washington DC llega a la conclusión de que “el aumento del apoyo a los matrimonios del mismo sexo que se verificó en la década pasada es uno de los mayores cambios de opinión respecto de las cuestiones políticas en ese período”. Lo atribuye al incremento de adultos jóvenes “más abiertos” y señala un hecho importante: el 14 por ciento de la población manifestó que cambió de parecer y está a favor de los casamientos gays (www.people-press.org, 20/3/13).
El estudio señala que el 70 por ciento de los llamados “del milenio”, es decir, los nacidos a partir de 1980 y que hoy tienen de 18 a 32 años, está a favor de los matrimonios del mismo sexo, una proporción mucho más alta de la que se registra entre las generaciones de mayor edad. La opinión propicia de los más jóvenes pasó del 51 por ciento en el 2003 al 70 por ciento una década después. Aquellos que cambiaron su apreciación fueron interrogados acerca de las razones de su nueva actitud: un 32 por ciento dijo que tenía un amigo, un conocido o un familiar homosexual. Algunos manifestaron que habían pensado sobre la cuestión o simplemente habían crecido y otros que la gente debía tener la libertad de elegir lo que la hacía feliz.
Los cuatro jueces liberales de la Suprema Corte se inclinan por la anulación o derogación de DOMA. La jueza Ruth Bader insistió en que esa ley establecía dos clases de matrimonio: el de “pleno derecho” y el “desnatado” (www.nytimes.com, 27/3/13), pero esta idea no es unánime: Paul D. Clement, que defiende esa ley en nombre de los republicanos de la Cámara baja, argumentó que el gobierno federal tiene derecho a aplicar una definición de matrimonio uniforme en toda la nación. De hecho, más de mil leyes y programas federales dan por sentada la validez jurídica del matrimonio heterosexual.
Las diferencias giran en torno de un tema que se remonta a los primeros días de la república estadounidense, es decir, si es una atribución parlamentaria la de aprobar leyes que recortarían los derechos de un grupo en particular. James Madison propuso una enmienda del proyecto de Constitución que cercenaría la facultad del Congreso de establecer impuestos y gastar dinero en asuntos específicamente mencionados en otros artículos y Alexander Hamilton indicó que no se podían introducir límites en el texto constitucional. Hamilton ganó la votación.
La derogación de DOMA no complacería a la densa oposición minoritaria. En la sociedad estadounidense aún se producen episodios como éste: Tim McDaniel, profesor de Ciencias en una escuela secundaria de Idaho, está siendo investigado porque empleó la palabra “vagina” en una clase de biología (www.salon.com, 27/3/13). No hay por qué nombrar todo lo que existe aunque haya sido bautizado.
(Diario Página 12, domingo 31 de marzo de 2013)
