Desde el gobierno, el radicalismo enfrentó a las grandes corporaciones. Illia a la industria farmacéutica internacional, a las multinacionales del petróleo, Raúl Alfonsín, denunció el pacto militar-sindical, juzgó a las juntas militares del Proceso, sancionó la ley de Divorcio Vincular contra el pensamiento de la jerarquía eclesiástica, resistió catorce paros generales, auspició la sanción de la ley de Libertad Sindical, y envió al Congreso la modificación de la ley de Radiodifusión, que limitaba el poder de los monopolios de comunicación.
Leopoldo Moreau, ex Senador de la Nación y ex Presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara Alta decía: “…Nosotros mantenemos el art. 45 de la ley de Radiodifusión hasta el día en que se va Alfonsín, y esa es una de las razones por las cuales Magnetto le dice en la cara a Alfonsín, cuando Alfonsín pide apoyo para terminar el mandato porque faltaban seis meses: "No, el obstáculo es usted", empujando esta salida…”; “…nosotros presentamos un proyecto de radiodifusión el 3 de marzo del 88, que era mucho más restrictivo que éste. Éste establece un tope de 24 licencias, el nuestro establecía un tope de 4 licencias. Y no lo pudimos sancionar porque pierde Cafiero la interna frente a Menem, y ya el Grupo tenía un compromiso de Menem (tanto es así que la primera privatización que hubo en Argentina, apenas asume Menem, no fue Gas del Estado, ni Aerolíneas, ni YPF; fue canal 13, que se lo dan al Grupo Clarín). ¿Qué hacen? Nos impiden sancionar la ley. Y apenas el menemismo se hace del gobierno, con la ley de reforma del Estado deroga, en una ley ómnibus, el artículo 45 y ahí abre el camino a este fenomenal proceso de concentración que termina con doscientos y pico de licencias en mano de un grupo".
Con este antecedente como base y a pocos días de ponerse en marcha el proceso de desinversión que establece la Ley de Regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522, quisiera detenerme un instante y analizar, despojado de las pasiones del momento, las implicancias de la norma mencionada.
Por convicción, el radicalismo nunca estuvo de acuerdo con la concentración de medios. Pero ¿cuál fue y es nuestro fundamento? En este caso, los monopolios no son malos o inconvenientes, o bien un problema centrado únicamente en una divergencia en la competencia económica, sino que el cuestionamiento principal se encuentra en el profundo sentido antidemocrático de este fenómeno de concentración.
Ya lo ha manifestado la Comisión Interamericana de Derechos humanos de la OEA en su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, manifestando que “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”
"Un sólo mundo, voces múltiples"
En junio de 1977, Sean MacBride (abogado irlandés, ex. Ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda y Premio Nobel de la Paz en 1974), pronunció un discurso en la UNESCO sobre el papel de los medios y la importancia de éstos en la sociedad. El discurso se centró en la fragilidad y la vulnerabilidad de la prensa a consecuencia de las grandes presiones económicas, financieras y políticas que sufrían los medios de comunicación del momento, por los intereses de las multinacionales de los grandes grupos de comunicación.
La UNESCO tomó la iniciativa y le propuso ser el Presidente de una Comisión Internacional que se encargara de estudiar los problemas que existían en el ámbito de la comunicación. Participaron grandes personalidades del mundo en ésta órbita, entre ellos: Hubert Beuce-Mery, fundador de Le Monde; Gabriel García Márquez, escritor colombiano; Leonid Zamiatin, Marshall McLuhan, sociólogo canadiense, y otras reconocidas figuras.
El Informe MacBride fijó los puntos sobre los cuales había de construirse el Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación (NOMIC). Éstos eran los más significativos:
• Erradicar los efectos negativos que se producen por la creación de monopolios.
• Liquidar las barreras, tanto internas como externas, que impiden la libre circulación y una difusión equilibrada de la información.
• Garantizar la pluralidad de las fuentes y los canales de la información.
• Garantizar, a su vez, la libertad de prensa y de información.
• Aumentar la capacidad de los países del tercer mundo para mejorar la situación, el equipamiento y la formación profesional de los periodistas.
• Cooperación de los países desarrollados hacia el cumplimiento del punto anterior.
• Respetar la identidad cultural y el derecho de cada país de informar a los ciudadanos del mundo de sus aspiraciones y sus valores, tanto sociales como culturales.
• Respetar el derechos de todos los pueblos del mundo a participar en los flujos de información internacionales.
• Respetar los derechos de los ciudadanos de acceder a las fuentes de información y de participar activamente en el proceso de comunicación.
Con la incorporación de las nuevas tecnologías, la realidad es más compleja y más dificultoso es el control de las grandes empresas de comunicaciones. Servicio telefónico, internet, televisión, doble play, triple play, son algunos de los servicios que en la actualidad permiten la concentración en sólo algunas pocas manos. La ley de Regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26522 fija parámetros a fin de limitar esta concentración.
Quizás tenga algunas falencias técnicas. Así, por ejemplo, el representante de la oposición en el AFSCA Marcelo Stubrin (UCR), cuestiona el plazo destinado a las concesiones igualando el mismo para las emisoras radiofónicas y las prestadoras del servicio de cable: “el concepto de la concesión es correcto en el espacio radioeléctrico, no puede haber mil radios o mil canales, es un espacio finito y allí hay que dar concesiones. Pero el cable no, el cable es infinito y se le aplica el mismo plazo que se le aplica a la concesión de una radio y allí hay inversiones más complejas, largas y que requieren más tiempo.”
Todo esto implica que, de seguro, puede ser una ley mejorable, puede ser una norma “buena o mala” según la óptica del intérprete, pero lo que no se puede discutir es que se trata de una ley de la Nación, y por sobre todo, un paso adelante a fin de limitar los monopolios y oligopolios informativos.
En este sentido surge otro tema de gran relevancia en su cumplimiento. Se trata de la equidad respecto del manejo de la pauta publicitaria del Estado nacional. Así es necesario que se cumpla con el fallo unánime de la actual Corte de la Nación: “Si el otorgamiento de la propaganda oficial es un arbitrio discrecional de la autoridad competente, que se concede o retira a modo de recompensa o de castigo; si ello gravita sobre la fuente preferente de financiamiento del medio, no es aventurado sostener que unos serán proclives a endulzar sus críticas al gobierno de turno para mantener la que les fue asignada, y otros, para alcanzarla. Esto, claro está, no es consistente con la amplia protección de la que goza la libertad de prensa en nuestro ordenamiento, que no admite un condicionamiento de esta especie”. Por ello, dicha sentencia ordenó al gobierno que “en quince días disponga la distribución de publicidad oficial, respetando un equilibrio razonable con aquellas de análogas características”.
En definitiva, la ley debe ser cumplida por todos los actores que forman parte en el proceso de las comunicaciones, no puede haber inequidades o “excepciones” según de quién se trate. De allí que el 7D debe ser el día de la libertad de expresión, de la pluralidad, de la diversidad, de la igualdad de empresas de medios ante la ley, de la multiplicidad de voces, de la apertura de las comunicaciones a todas las identidades particulares, el 7 de diciembre debe ser el día que se cumplan las aspiraciones en materia libertad de expresión, de ese gran estadista y ex Presidente llamado Raúl Alfonsín.
(Martes 4 de diciembre de 2012)
