El nuevo aniversario de la declaración Universal de los Derechos Humanos encuentra a la Argentina con una política de Estado modelo para el mundo. En 2012 hubo avances paradigmáticos.
En la víspera de un nuevo aniversario por el Día Internacional de los Derechos Humanos, el gobierno nacional convocó para hoy a un festejo popular en todo el país. Se trata de una temática que la gestión kirchnerista transformó en política de Estado. Por tal motivo, a diciembre de este año, los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar arrojan los siguientes resultados: 349 condenados, 971 procesados y 742 detenidos. Consecuencias del avance de los procesos judiciales, de 2010 a la fecha el número de represores condenados ascendió un 43 por ciento. Según los datos de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, hace dos años había 199 condenados y 820 procesados mientras que en 2011 aumentaron a 266 y 843, respectivamente. De acuerdo a la misma unidad hay 19 juicios en curso con 277 imputados.
Lejos de los números, 2012 condensó una serie de sucesos paradigmáticos en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que transita el país. Uno de los hitos más importantes de este año fue la condena a 50 años de prisión para el dictador Jorge Rafael Videla y la de otros represores –como Reinaldo Bignone y Jorge "Tigre" Acosta– en el juicio por el Plan Sistemático de Robo de Bebés. Fue el reconocimiento judicial de una práctica aberrante planificada por las Juntas Militares. La condena a los máximos responsables de la represión era uno de los reclamos históricos de los organismos de Derechos Humanos, fundamentalmente de Abuelas de Plaza de Mayo.
Además de este juicio emblemático también se juzgaron a los apropiadores de Francisco Madariaga y Victoria Donda. Mientras que en los juzgados federales de San Martín se están juzgando a los apropiadores de Catalina de Sanctis Ovando, a Bignone, Santiago Omar Riveros y otros represores por la desaparición de mujeres embarazadas. En La Plata se desarrolla el juicio por la apropiación de Sebastián Casado Tasca además del juicio por las violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron en el marco del Circuito Camps. Otros procesos por apropiación se sucedieron en Mar del Plata, San Nicolás y Córdoba.
Otro logro de este año en materia de Derechos Humanos fue la formación, el 22 de octubre pasado, de la Unidad especial para la investigación de apropiación de niños en el ámbito de la Procuración General de la Nación. Se trató de un organismo que Abuelas reclamaba hacía tiempo por la falta de impulso que demostraron algunos fiscales para avanzar en los cerca de 400 casos que restan resolver. “Tenemos mucha expectativa en el aporte que pueda hacer esta nueva unidad tanto en la cantidad de casos que se investiguen como en la mejora de los tiempos para resolverlos”, aseguraron desde el organismo de Derechos Humanos a Tiempo Argentino.
En 2012 también quedó en evidencia el vínculo de los grandes grupos económicos con el terrorismo de Estado. El 15 de noviembre pasado, por primera vez en 36 años, el juez federal Fernando Poviña procesó al titular de la empresa Ledesma, Carlos Pedro Blaquier como “responsable del delito de privación ilegítima de la libertad agravada” de 29 personas durante la última dictadura. El magistrado le trabó un embargo de 11 millones de pesos y le prohibió salir del país aunque no le revocó el beneficio de la libertad provisional.
En la misma senda, el 4 de diciembre pasado la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, citó a indagatoria a ex directivos de la automotriz Ford en el marco de la investigación por el secuestro y aplicación de tormentos a 24 obreros de la planta de la localidad de General Pacheco, ocurridos entre el 24 de marzo y el 20 de agosto de 1976. El ex presidente de la firma, Nicolás Enrique Courard; el ex gerente general Pedro Müller; el ex gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga; y el ex jefe de seguridad, Héctor Francisco Jesús Sibilla fueron convocados por la justicia para brindar testimonio entre el 18 y el 26 de febrero de 2013.
Para Jorge Auat, titular de la unidad fiscal: “Este año fue muy importante en términos de juicios. Hemos logrado que muchas causas lleguen a esa instancia aunque nuestra mirada no deja de ser crítica: existe una morosidad crónica en el avance de muchos casos, lo que produce daños irreparables. Muchas causas están atravesadas por estrategias dilatorias, de impunidad, que fueron construidas desde las entrañas del propio sistema.” Las palabras de Auat no son azarosas. Según el organismo que dirige, en la actualidad hay solo 55 condenas firmes de las cuales 26 son anteriores al 2000.
Respecto a las expectativas para 2013, el titular de la unidad de Coordinación y Seguimiento de causas de lesa humanidad, afirmó: “Para el año que viene la decisión es seguir avanzando en este proceso, que está consolidado. Lo que no significa que puedan surgir dificultades, por lo cual hay que estar atentos”, advirtió. No es para menos, el 28 de noviembre pasado comenzó la tercera etapa del juicio por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Serán juzgados 68 personas acusadas de haber cometido 798 secuestros, torturas y homicidios. Es el primer juicio en el que se juzgará a ocho aviadores navales y de la Prefectura acusados de ser los protagonistas de los “vuelos de la muerte”. Se trata de los pilotos Julio Poch, Emir Sisul Hess, Enrique de Saint George, Miguel García Velazco, Domingo D’ Agostino, Ricardo Ormello, Miguel Clement y Mario Arrú. Así, 2012 concluye con un saldo positivo en materia de Derechos Humanos e invita a esperanzarse con avances sustantivos para el próximo año.
La historia de los 108 nietos
En lo que respecta a la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo, en 2012 se le restituyó la identidad a Pablo Gaona Miranda y a la hija de María de las Mercedes Moreno de Córdoba, dos niños robados durante el terrorismo de Estado. Pablo se transformó en el 106º nieto recuperado. Gaona Miranda nació el 13 de abril de 1978 y fue secuestrado un mes más tarde. Un coronel –que se convirtió en su padrino– fue quien lo entregó a una pareja que lo anotó como propio. Según reconstruyó Abuelas, Pablo es hijo de Ricardo Gaona Paiva, militante de la JP y el ERP, y de María Rosa Miranda, también militante del ERP. La identificación de la hija de María Mercedes fue el caso 107 que resolvieron las Abuelas. Se trata de una niña que nació en el centro clandestino de detención del Departamento de Informaciones cordobesa en octubre de 1978. Su madre dio a luz encadenada y le quitaron el bebé en la sala de partos. En 2011, un aviso de Abuelas motivó a otra hija de María a llamar a la institución. En un año lograron ubicarla. La mujer hoy tiene 34 años y pidió tiempo para conocer a su mamá, por lo que aún no trascendió su nombre. En 2012 también se resolvió el caso de Mirtha Coutouné, quien fue asesinada antes de dar a luz (así de triste fue el caso del nieto 108). El embarazo de Mirtha, según se confirmó, no llegó a término. Mirtha y su pareja, Héctor Malnati, fueron secuestrados el 24 de noviembre de 1976 en La Plata. Ella estaba embarazada de tres a cinco meses y posiblemente haya permanecido detenida en el CCD La Cacha. Fue asesinada el 31 de diciembre de ese año en Munro.
(Diario Tiempo Argentino, sábado 8 de diciembre de 2012)
