La ofensiva contra el Estado
Según repiten con frecuencia los economistas ortodoxos en el mundo desarrollado y en el país, la culpa de la crisis económica actual está en el crecimiento del Estado, particularmente en la existencia del llamado Estado de Bienestar.
Desarmándolo se desactivaría su causa central.
Los datos indican lo contrario. En los países con Estado de Bienestar más desarrollado –como Noruega y Suecia– la crisis no se produjo. Su presencia hace que la población sea protegida y ello la empodera productiva y económicamente, asegurando las bases de crecimiento de la economía.
Incluso el país menos afectado por la crisis europea, Alemania, es el que tiene mayor Estado de Bienestar de acuerdo con su gasto en servicios sociales.
Ello puede verse asimismo en los ejemplos de Canadá y Estados Unidos. Canadá, que tiene servicios sociales mucho más amplios que los de Estados Unidos, con un sistema de salud pública universal y una gran red de protección social, ha enfrentado mucho mejor la crisis que Estados Unidos.
El argumento anti Estado de Bienestar no coincide con la realidad pero es muy funcional, permite dar un aura de legitimidad a cortes que son éticamente inadmisibles y que violan los derechos sociales más básicos...
Están produciendo un círculo perverso en todos los países en que se están aplicando: reducción del Estado, achicamiento de las políticas públicas cuando más necesarias son, descenso del consumo, baja de la recaudación fiscal, aumento de los impuestos y los cortes para compensarla, y más recesión.
Ya Keynes había explicado en 1937 que “la expansión, no la recesión, es el momento idóneo para la austeridad fiscal”, advirtiendo a Roosevelt que no se apurara y no ahogara la recuperación en desarrollo”.
Lecciones de la experiencia latinoamericana
El mejor juez de las teorías es la realidad. América latina fue el laboratorio de experimentación de un gigantesco operativo de ciertos sectores de la sociedad para desmontar el Estado en las décadas de 1980 y 1990. ¿Qué puede aprenderse de esa experiencia, tanto para el futuro de la región como para los debates actuales en el mundo desarrollado?
Las reformas neoliberales del Estado en América latina, de Menem, Salinas, y otros gobiernos similares, lo afectaron estructuralmente.
Procuraron pasar del Estado existente, al que se le atribuyeron calificativos como “obeso”, “omnipresente”, “interventor”, al “Estado mínimo”. Se enfatizó que el Estado era nocivo para la economía, de la más alta ineficiencia, y que la gran mayoría de sus funciones debían ser transferidas a la “mano invisible” del mercado.
Se prometió que la nueva reforma del Estado contribuiría a aumentar el crecimiento, reducir la pobreza, eliminar la corrupción y mejorar la eficiencia.
Se instrumentaron en la mayoría de los países de la región estrategias de “minimización del Estado” a través de vías como la reducción de su planta de personal y del gasto público, una acelerada política de privatizaciones, la desregulación, la eliminación jurídica de diversas de sus funciones, entre otras.
Todo ello fue acompañado de una vigorosa campaña de desvalorización de la acción estatal. Se cuestionó frontalmente su sentido de existencia, se asoció actividad pública con ineficiencia, se enfatizó la alta identidad entre aparato público y posibilidades de corrupción. Se llegó asimismo a desprestigiar en extremo al funcionario público, sugiriendo que era uno de los mayores obstáculos para avanzar hacia un progreso sostenido.
Después de dos décadas de aplicación de las reformas fue posible cotejar las promesas con las realidades.
La pobreza ascendió. A inicios de los ’80 era un 40% de la población, y en el 2003 un 43,9%. Aun algunos de los indicadores más elementales de salud pública, como la desnutrición infantil, empeoraron entre los ’80 y el 2000.
Las cifras de desigualdad se agudizaron. Eran malas a inicios de los ’80 pero empeoraron aún más. El Gini, que era de 50.8 en los ’80, pasó a ser de 52.2 en los ’90. El de los países de la OCDE, en cambio, era de 34.2. A fines de los 2000 el Gini alcanzó proporciones récord: Brasil 0.64, Bolivia 0.60, Guatemala, 0.58, México 0.57, Ecuador 0.56, Colombia 0.55, Argentina 0.53.
El balance de las reformas fue regresivo. El Estado anterior presentaba gruesas deficiencias, patologías burocráticas, facilidad para caer en prácticas clientelares, vulnerabilidad ante la corrupción, serias ineficiencias, pero las reformas practicadas no se limitaron a tratar de cambiar internamente al Estado, atacaron frontalmente su mismo rol y sus instrumentos básicos de gestión.
¿Cómo quedó el Estado después de los ajustes? ¿Cómo puede quedar si se va por la misma vía hoy en Europa y otros países?
Desmantelando el Estado
En la reforma se achicó fuertemente el personal público. En 1999 los funcionarios públicos eran en América latina sólo el 7,3% de la población activa, en la OCDE el doble, 15,6%.
En sólo 10 años, entre 1987 y 1998, el empleo público bajó en la Argentina un 35%, en Chile un 63%, en Bolivia un 25%, en Venezuela un 75%, en Uruguay un 26 por ciento.
Mientras en Estados Unidos había en el 2001 siete funcionarios cada 100 ciudadanos, en América latina era casi la mitad, 3,88. En la Argentina eran sólo 4,9, en Brasil 3,3, en México 4,8.
(sigue en la edición de mañana)
