ARGENTINA / ¿Quién le pone el cascabel al gato? / Escribe: Alberto Dearriba

Una norma sobre ética periodística debería construirse mediante un amplio debate popular.
Las alusiones de Cristina Fernández a la necesidad de un código de ética periodística formuladas el jueves pasado al inaugurar la ampliación de una refinería de YPF en Ensenada, reavivó una vieja polémica. La presidenta planteó esa necesidad a partir de que las nuevas autoridades de la petrolera revelaron que la esposa de un periodista estrella del Grupo Clarín cobraba un jugoso estipendio de la empresa.

Si bien la jefa de Estado advirtió que se abstendría de impulsar una ley en este sentido, no es descartable que algún legislador, entidad, o ciudadano, decida empujar o estimular el debate sobre el rol de los periodistas.


Está claro que no es ético atender de los dos lados del mostrador, que no se debe favorecer subrepticiamente desde un medio a una empresa o sector económico, si se percibe de allí un salario, o si lo hace un familiar directo.

El recurso del "chivo" está tan naturalizado que pocos periodistas piensan que es algo desdoroso. En los años noventa, un veterano e incorruptible ex periodista de Clarín, Armando Vidal, se dedicó a escribir un estatuto para el Círculo de Periodistas Parlamentarios, con la idea de que quien cobrara un estipendio o salario de un legislador no podía ser miembro del Círculo. Pero esa cláusula ética mínima fue rechazada reiteradamente en asambleas de la entidad que agrupa a periodistas de distintos medios destacados en el Parlamento. La conclusión es obvia: muchos cronistas cobraban una asignación extra de algún legislador o de la propia Cámara, por lo que se negaban a aceptar la cláusula ética.

Muchos periodistas se ganan la vida legítimamente "haciendo prensa" para una fuerza política, para una empresa o cámara, sin engañar a nadie. Pero cualquiera entiende que no es correcto escribir o discurrir públicamente sobre ese sector del cual se percibe sigilosamente un emolumento. La incompatibilidad es más escandalosa a medida que que aumentan los montos.

Los asesores de prensa no engañan a nadie. Fue un periodista norteamericano, Ivy Lee, quien abrió esta fuente de trabajo alternativa para las épocas de escaso empleo en redacciones, radios o canales. Pero no se tiene ni la mente ni los deditos ni la lengua libre para criticar a las personas de las cuales depende la diaria pitanza.

La primera limitación para los periodistas profesionales es la línea editorial que fija la empresa para la cual trabajan. Pero esa restricción –vigente en Clarín o en Tiempo Argentino– hace a la contradicción de las sociedades burguesas. Si bien algunos "comunicadores" se han convertido ahora en verdaderas Pymes, la mayoría de los periodistas somos asalariados. Dependemos de un salario y no establecemos la línea editorial del medio en el cual trabajamos. Pero esa contradicción propia de las sociedades burguesas es distinta a una limitación oculta, que implica algo así como una estafa al público. Es como si el arquero de San Lorenzo jugara con la camiseta de Huracán, debajo del buzo. Y lo que es peor, cobrara oficialmente en Boedo y ocultamente en Parque de los Patricios. O para que nadie diga nada cobrara la hermana. Es cuando el "chivo" se transforma lisa y llanamente en coima.

No es cuestión de juzgar a los periodistas por el sitio en el cual trabajan. No todos gozamos del beneficio de coincidir en términos generales con la línea editorial de un medio. No todos los trabajadores de los medios hegemónicos son liberales, antikirchneristas o gorilas. Ni todos los de los medios pro oficialistas integran una claque de alcahuetes al servicio de la propaganda del régimen. Los siniestros Falcon de los '70 eran construidos por los obreros de la Ford. No todos los arquitectos de izquierda construyen casas para los pobres, ni todos los médicos con sensibilidad social trabajan exclusivamente en hospitales públicos. Se ganan la vida como pueden en una sociedad de esencia contradictoria. Unos lo hacen conservando la mayor dignidad posible y otros se entregan con entusiasmo o cinismo para conseguir beneficios dinerarios. Entonces, no sólo trasmiten las noticias que les permiten, sino que inventan otras y editorializan con el discurso de los poderosos. Algunos de ellos asumen esas posturas como propias. A muchos se les hace cuesta arriba disgustarse con el patrón. Y otros aspiran a ser mimados por el poder. Encajan en la vieja anécdota de las redacciones, en la que un jefe le pide a un redactor que escriba 60 líneas sobre Dios: "¿A favor o en contra?", pregunta el periodista.

Pero de todas las situaciones descriptas, la más perversa es la de simular independencia cuando en realidad se depende no sólo de la empresa periodística en la cual se trabaja oficialmente, sino además de algún poderoso que aceita los comentarios, cuando se "venden" propuestas sectoriales como si fueran de interés común. Allí es donde aparece la necesidad de una norma que establezca pautas de ética periodística y que, en consecuencia, sancione desviaciones. Se ingresa entonces en un terreno resbaloso.

Lo primero que ocurre es que el coro de adalides de la libertad de prensa denunciaría inmediatamente un atentado a ese derecho básico de las sociedades democráticas. Pero la cacareada libertad de prensa corresponde en realidad al dueño del medio y no a los periodistas que deben amoldarse a la línea editorial. Poco se habla en cambio del más democrático derecho a la información, que incluye a la sociedad.

Si pese a todo se puede avanzar, habría que definir primero quién es periodista. En la Argentina, el vetusto estatuto del Periodista Profesional, del año 1944, considera periodistas profesionales "a las personas que realizan en forma regular, mediante retribución pecuniaria, las tareas que les son tales, en publicaciones diarias o periódicas y agencias de noticias". No están definidas "las tareas que les son tales" ni mencionados los trabajadores de los medios electrónicos. La matrícula profesional la otorga el Ministerio de Trabajo después de dos años de aportes jubilatorios consecutivos y no se requiere título habilitante. Ningún periodista se molesta hoy siquiera en obtener el carnet profesional que, según la ley, es un documento de identidad. En suma, serás lo que debas ser, o si no, serás periodista.

Felizmente, la práctica concreta fue enviando a los jóvenes a las facultades de comunicación social, pero el título habilitante no es necesario. Los viejos periodistas creían que el periodista "nace y no se hace", en tanto las agrupaciones gremiales de izquierda más radicales se oponen a una colegiatura porque el periodismo es "un oficio" y no una profesión liberal. Consideran además "elitista" a cualquier planteo de crear una colegiatura.

Para encarar una norma que redefina la actividad periodística, lo primero sería establecer quién es legalmente periodista en la Argentina. Si se salvara esa dificultad inicial, se plantearía luego una cuestión más espinosa aún: ¿Quién define lo que es ético y lo que no? Obviamente esa potestad no puede quedar en manos de las empresas ni de los gobiernos de turno, sino de los trabajadores de prensa y sus organizaciones gremiales.


Una delicada norma sobre ética periodística, debería construirse mediante un amplio debate popular como el que precedió a la Ley de Medios Audiovisuales. Nunca es tarde para empezar. Pero entre tanto, bastaría con que los periodistas supieran al menos que no pueden estar de ambos lados del mostrador.
(Diario Tiempo Argentino, sábado 11 de agosto de 2012)

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