A estas alturas ya nadie –casi nadie– niega o duda sobre los crímenes cometidos antes y durante la última dictadura cívico-militar. Mucho han contribuido los juicios por delitos de lesa humanidad para que se tome cabal conciencia de lo que fue el terrorismo de Estado.
Asesinatos, desapariciones, secuestros, torturas físicas y psicológicas, ataques sexuales, robos de niños, robos de bienes... Todo lo que formó parte del plan sistemático orquestado por la junta militar y ejecutado por sus cómplices y secuaces hace rato que es reconocido no sólo por los que lo padecieron. Muchos de quienes defienden a los imputados admiten que esos hechos aberrantes existieron. Obviamente, intentan demostrar que sus defendidos no fueron responsables.
Cómo será de cierto esto de que ya muy pocos ponen en duda la magnitud del daño causado por el genocidio, que el reconocido abogado mendocino Juan Carlos Aguinaga, referente del Partido Demócrata, agrupación que ha aportado unos cuantos funcionarios a los gobiernos militares, dijo que “ojalá esto no pase nunca más”. Fue en el final de su testimonio brindado esta semana en el megajuicio que se realiza en Tribunales Federales.
Aguinaga defendió e hizo gestiones durante la dictadura por varios detenidos ilegalmente y hasta por un desaparecido, Luis Moriña, por quien presentó un habeas corpus. El mismo Aguinaga relató que una vez fue al Liceo Militar, donde funcionó un centro clandestino de detención, y allí, dijo, “me impresionó verlo preso al periodista y escritor Antonio Di Benedetto”.
El abogado, de vasta y reconocida trayectoria en Mendoza, recordó también que a un colega, Antulio Santamaría, le llevaron las dos hijas. “Algunos morían, otros estaban presos, había desapariciones”, señaló, y aclaró que para él, los hoy ex jueces federales no tuvieron cómo evitarlo.
Otro abogado, el destituido ex magistrado Luis Leiva, amigo íntimo de Otilio Romano, también prestó declaración. Aseveró que la real dimensión de lo sucedido se supo muchos años después, aunque reconoció que en la Justicia federal –cuando él era secretario– “había reiteraciones de pedidos de habeas corpus”. Para quien firma esta nota, Leiva se contradijo, igual que cuando negó que las contestaciones a los habeas colgaran de un gancho de carnicería, pero luego admitió que en los casos de quienes presentaban los recursos y fijaban domicilio en sede judicial, sí las respuestas estaban en un tablero. Sobrados testimonios se han escuchado en este juicio sobre ese tablero en el que estaba el tristemente famoso gancho de carnicería.
Con las declaraciones de Aguinaga y Leiva ha quedado claro –para mí por lo menos– que en la Justicia federal sí sabían lo que pasaba. Más claro ha quedado que, como se dice en el principio de esta nota, cada vez son menos los que no reconocen la barbarie que causó la represión ilegal.
Por eso se replica la frase “nunca más”, como lo hizo Aguinaga y como lo hizo Inés Atencio, quien a casi 39 años de su secuestro, con notable valentía, denunció los ataques sexuales que padeció en el D2 de la Policía de Mendoza, donde estuvo 6 días cautiva porque la vieron salir de la casa de un amigo que le había dado refugio a una pareja que era perseguida. Contó que no lo había dicho antes por pudor y lo hizo ahora “para que esto no pase nunca más”.
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