El sistema institucional argentino está indefenso frente al Grupo. Nuestra democracia convive con un impresionante poder al que no puede incluir en la legalidad. Una ley audiovisual antimonopólica impulsada por el Ejecutivo hace cinco años, votada en el Parlamento, constitucionalmente validada por la Corte Suprema de Justicia, hoy choca contra la infalibilidad belicosa de un grupo empresario concentrado que cuenta con capacidades superlativas de manipulación del sentido de las cosas, de las honras de las personas, del temor de algunos funcionarios, del ánimo ciudadano, de las expectativas económicas generales y de un sector del Poder Judicial al que utiliza como grupo de tareas propio en defensa de sus privilegios.
La foto que ilustra esta página lo dice todo. Esta es la correlación de fuerza actual entre los que defendemos una comunicación democrática y una empresa que se escuda mentirosamente en la libertad de expresión para lesionarla y perseguir a los que denuncian su abuso. Damián Cassino, abogado de Héctor Magnetto, se pavonea por el living de la casa del periodista Víctor Hugo Morales tras encabezar un insólito embargo judicial preventivo, 48 horas después de que la Cámara Federal resolviera no hacer lugar al pedido fiscal de indagatoria al propio Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre en la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en la apropiación de Papel Prensa, negocio estratégico de la dictadura cívico-militar que tuvo beneficiarios concretos: el Grupo y el Grupo La Nación.
La pregunta que debemos hacernos es si esta foto, la que muestra al escudero pelirrojo de Magnetto haciendo inventario del botín en la casa de VHM, es parte del pasado o del futuro de la Argentina. Es una pregunta inquietante. Más que otras. Porque de su respuesta se desprende una valoración sobre lo que se hizo y sobre que lo que falta en materia de democratización de la sociedad, a tres décadas del final de la dictadura.
¿Es el pasado o es el futuro? El retroceso que significaron las leyes de impunidad impulsadas por los gobiernos de Alfonsín, Menem y De la Rúa, siempre haciendo una salvedad con el primero, que actuó bajo la presión directa del partido militar todavía con capacidad de daño, recién fue revertido en los últimos 12 años.
Ningún militar acusado por las violaciones a los derechos humanos escapa hoy a los tribunales y el banquillo. Desmontar la impunidad institucional y, sobre todo, la fantasía pacificadora y reconciliadora del neoliberalismo cultural, costó mucho, es verdad, pero finalmente se logró.
Los sectores que la reivindican son minoritarios, nostálgicos sin destino, con escasa representación política. Hasta Mauricio Macri, expresión de la derecha pura y dura, gerente del poder concentrado de nuestro país candidateado a presidente, evita las loas públicas a Videla o Martínez de Hoz. Se cuida de impugnar el pacto civilizatorio alcanzado con el Nunca Más. No es mérito de él. Es de la sociedad, que no toleraría la vuelta de la capucha y la picana como resolución a los diferendos de idea o pensamiento; o como fórmula criminal viable para revertir las políticas democráticas que buscan la redistribución más igualitaria del ingreso.
Ahí hay un consenso transversal. Un límite que pareciera ser infranqueable. La asunción de que la democracia, aún con sus imperfecciones, llegó para quedarse definitivamente entre los argentinos, profesen la idea que profesen.
Sin embargo, lo avanzado en ese terreno durante los últimos años desnudó una nueva verdad que hace dos o tres décadas era impensable, y que pone nuevamente en tensión ese consenso previo alcanzado. El factor militar era una parte, no el todo. Se juzga y se condena a los pretores, no a sus beneficiarios. Que fueron empresas, que eran poderosas antes y también lo son ahora.
El golpe del '76, con su mecanismo de terrorismo estatal aplicado sobre la sociedad en su conjunto, pretendió y logró alterar una matriz económica y social con visos igualitarios por otra regresiva, que apuntaló la concentración del poder y del dinero en pocas manos.
El golpe de mercado del '89 fue ejecutado por esos mismos grupos, sepultando por un tiempo largo la ilusión de que la democracia servía para que todos pudieran vivir, educarse y comer. Lo harían sólo los incluidos, los que tuvieran trabajo en un país donde cada vez había menos trabajo, educación en un país donde cada vez había menos educación, vivienda en un país que cada vez construía menos vivienda. La utopía neoliberal estalló por los aires el día que los excluidos se dieron cuenta de que ya no había escaleras para trepar al piso mínimo de beneficios que la democracia, en teoría, venía a garantizar.
El 2001 fue eso. La sublevación de una sociedad que descubrió de la noche a la mañana que había perdido derechos, uno tras otro, mientras la televisión, las radios y los diarios derrochaban una falsa felicidad, que eludía visibilizar que la mitad de la población era pobre, un cuarto estaba desocupada, dos tercios de los ocupados estaban en negro o flexibilizados y 180 mil fábricas se habían cerrado.
¿Cómo fue posible que durante un lapso, cinco, seis años, la sociedad apoyara con su voto mayoritario políticas que la perjudicaban? El remate del patrimonio público y la toma de créditos que aún estamos pagando jugaron su papel. El cortoplacismo se alimentaba de comunicadores que primero decían que la historia había acabado, que la libertad de mercado era una panacea, que habíamos ingresado en la modernidad económica, en fin, un pensamiento único irradiado desde la prensa que colonizó la subjetividad social hasta volverla vulnerable a preceptos que parecían inamovibles.
La agenda única de temas a tratar fue sostenida por los medios hegemónicos, un verdadero aparato de dominación cultural puesto al servicio del sistema económico excluyente que, mientras denunciaba la corrupción estelar del menemismo, endiosaba a Domingo Cavallo, el hombre que estatizó la deuda privada en 1982, todavía en dictadura, de las mismas empresas que eran y son poder en nuestro país.
Ese aparato de dominación cultural proveía sentido a lo que ocurría, con preguntas y respuestas automáticas que gozaron del beneficio de verdades absolutas en boca de especialistas pagados por esas mismas empresas, que incrementaban su poder y su renta, mientras el país se volvía cada día un poco más chico, un poco más pobre y un poco más miserable.
Ya lo sabemos, no es sólo un diario. Es una empresa concentrada vocera de otras empresas concentradas. Con tendencia monopólica, agravada por esas mismas políticas excluyentes. Papel Prensa fue la piedra basal. Durante la presidencia de Alfonsín sumaron la radio. Con Menem se expandieron al formato multimedia. Gracias al secuestro del fútbol, se convirtieron en el principal cableoperador del país. Con Duhalde pesificaron su deuda. Con Kirchner obtuvieron la fusión de Cablevisión y Multicanal, en una medida cuestionada por la entonces fiscal, hoy procuradora y blanco móvil del grupo, Alejandra Gils Carbó. Consiguieron así millones de abonados cautivos a los que cobrarles precios abusivos. ¿Cómo lo consiguieron? Regulando el flujo informativo, administrando bienes simbólicos, sujetando, cuando no domesticando, a todo el sistema político a su saga de titulares persecutorios, tapas nauseabundas y noticias prefabricadas. La creación de la realidad quedó monopólicamente en sus manos. O en las de sus editores. Desde su diario, sus radios, sus señales de TV, sus canales, sus manuales escolares, sus librerías, sus columnistas, creó un país propio, con presidentes que le concedían privilegios, con un pedazo del Parlamento que acompañaba y acompaña sus estrategias y con un sector del Poder Judicial que actúa como grupo de tareas y blindaje propio. No hay nada novedoso en la siguiente afirmación: Clarín penetró el sistema institucional y cultural argentino y gobierna de manera permanente muchas de sus áreas, mientras los administradores eventuales del Estado pasan.
Si el Pacto de San José de Costa Rica incorporado a nuestra Constitución Nacional sostiene que los monopolios comunicacionales “conspiran contra la democracia” y vemos a diario que el Grupo Clarín actúa aplicándole su rigor y sus campañas demonizantes a todo aquel que se manifiesta en disidencia con sus objetivos monopólicos, convendría que comencemos a indagarnos sobre cuál es el grado, qué densidad, qué tipo de calidad democrática existe en la Argentina presente cuando este grupo empresarial desobedece las leyes y tiene la fabulosa capacidad de generar un espejismo social por el cual invierte la carga de la prueba y son los funcionarios y los periodistas que critican esta situación anómala los condenados al escarnio y el descrédito público, cuando no la indefensión ante ataques judiciales.
Qué tipo de democracia tenemos si hay parlamentarios que actúan en las comisiones del Congreso Nacional como escudos humanos defendiendo la tasa de rentabilidad de Clarín a cambio de espacio en su grilla monopólica para volver a ser legisladores eternos como único trabajo, al punto de acusar a los que defendemos la libertad de expresión y la pluralidad de voces de atacar la libertad de expresión y la pluralidad de voces.
Qué tipo de democracia vivimos si la empresa Cablevisión es citada por diputados para que expliquen sus cuentas no declaradas en Suiza y esta se declara en rebeldía, no pasa nada y, a la vez, puede influir en un juez para introducirse en la casa de VHM y embargar sus bienes, al comando del abogado de Magnetto.
Es absurdo, democráticamente hablando, que el Grupo Clarín someta a los tres poderes del Estado a la humillación de mostrarlos en su faceta más impotente: la de no poder hacer cumplir una ley porque el Grupo Clarín no desea cumplirla. No es problema de un gobierno. Es una bomba silenciosa que explota en el interior de las instituciones y las vacía de contenido.
Si la democracia, aún con el gobierno de Cristina Kirchner, que no le tiene miedo a Clarín, reelegida con el 54% de los votos después de aprobada la Ley de Medios, con una fuerza parlamentaria numerosa y con una indudable política pública de democratización de la comunicación, no logra disciplinarlo, ¿qué puede pasar si asume otro gobierno con un programa que resigne esta pelea o la vuelva un maquillaje insustancial?
Imaginarlo da miedo. Es la resignación de las instituciones. Como darle las llaves de la Casa Rosada a Magnetto, que es lo mismo que decir que aceptamos de manera fatal y última que un poder extrademocrático gobierna por encima de los poderes democráticos. Ya pasó. Ya lo vivimos. ¿A cuánto estamos de repetirlo?
La foto del abogado de Magnetto copando la casa de VHM es el símbolo de una prepotencia empresaria ilegal que no reconoce límites. Se saben poderosos, se sienten fuertes, se creen impunes. Contradecirlos es esperar la operación mediática en contra, el escrache por zócalo, la carta documento, el juicio penal, el proceso civil, la destrucción de la honra, los llamados de madrugada, las amenazas abiertas o veladas, la descalificación constante y ahora, lo vemos con estupor, la violación del domicilio de un periodista valiente como VHM bajo ropaje de un “procedimiento legal”.
Volvamos a la pregunta inicial. ¿Es la foto del pasado o del futuro? La respuesta es difícil. La verdad es que no hay nada por fuera del kirchnerismo gobernante hasta el 10 de diciembre que comprenda la gravedad del abuso monopólico y se plantee el fortalecimiento de las instituciones de la democracia frente a su avanzada. Ni Macri, ni Carrió, ni Sanz, ni Stolbizer, ni Altamira tienen en agenda profundizar la democratización de la comunicación. Por el contrario, se valen de la concentración en el área para hacer carrera política. No cualquiera, una que dice que Magnetto tiene razón siempre y que aquellos que creemos en la diversidad somos los que estamos equivocados. Ofrecen un horizonte de resignación que se parece mucho a la pacificación y reconciliación menemista, en aquellos '90 con los militares, ahora con sus cómplices civiles. Los que cuando tuvieron la custodia de la libertad de expresión silenciaron un genocidio por plata y más plata.
Si uno mira sin levantar la vista, la foto del colorado es el futuro. Parece preanunciar una verdadera caza de brujas sobre todos los que decidimos alzar la voz y contradecir a Magnetto. Será el costo de las convicciones. El precio a pagar por creer en la libertad de opinión. Queda escrito, pero será un placer equivocarse.
En cambio, desde un abordaje más racional y menos emotivo, mirado el asunto en perspectiva, habrá que decir que no existe posibilidad de que el sistema democrático del Siglo XXI se vea exigido a convivir con un monopolio comunicacional por mucho más tiempo, porque es la negación misma de las razones fundamentales que lo tornan un sistema de convivencia deseable para todos los argentinos.
El tiempo y la sociedad dirán si estamos asistiendo al manotazo agónico de un grupo empresarial que resiste la distribución de la palabra o el doloroso prólogo a una restauración conservadora que vuelva poner las cosas en el lugar de siempre.
Ese donde pasa lo que Clarín quiere que pase y lo que no quiere, nunca, pero nunca, jamás sucedió.
(Tiempo Argentino, domingo 19 de abril de 2015)
