Dicen que soy aburrido”, balbuceaba Fernando De la Rúa en sus videos de campaña en 1999. “Yo voy a llevar a la cárcel a los delincuentes”, sostenía en el preciso instante que lo rodeaban unos tipos de negro fuertemente armados. Un candidato que vinculaba la justicia a grupos especiales en lugar de tribunales. “Conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo” era otra de sus consignas.
El 26 de junio pasado se lo pudo ver sentado en un pasillo de los tribunales de Comodoro Py, el día de la audiencia fijada por la Cámara Federal de Casación Penal. El Tribunal Oral absolvió a De la Rúa y otros miembros de su gobierno por las coimas a senadores para que votaran la reforma laboral en contra de los derechos de los trabajadores. El tribunal salvó a parte de la dirigencia política no sólo al absolver a los imputados sino al afirmar que las coimas no existieron. Ahora el fiscal Javier De Luca, junto a la Oficina Anticorrupción, es quien sostiene que el tribunal no evaluó debidamente la prueba y pide a la Casación que revise la sentencia. La disminución de salarios y jubilaciones y la celebración del megacanje fueron otras decisiones del gobierno de la Alianza que desdibujaron al candidato de las promesas y perfilaron con mano de hierro a un presidente que benefició a la patronal y a grupos económicos.
En los próximos días De la Rúa regresará a los tribunales para declarar como testigo de la defensa en el juicio oral por los crímenes cometidos el 20 de diciembre de 2001. En ese proceso estuvo imputado hasta que la Corte Suprema cerró el caso en su contra al rechazar los recursos de las querellas, que insistieron en la responsabilidad penal del ex presidente. Los acusadores cuestionan su presencia como testigo porque, más allá de la decisión de la Corte Suprema, De la Rúa no estuvo ajeno a los hechos y es uno de sus responsables políticos. En tal condición, y aunque declare bajo juramento, no tendrá otro objetivo que el de asistir a los miembros de su gobierno que están siendo juzgados, el ex Secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y el ex Jefe de la Policía Federal, Rubén Santos. Insistirá seguramente en la versión sobre el complot contra su gobierno y quizás exhume informes de inteligencia en los que se acusaba a sectores piqueteros de planificar un ataque contra su gobierno. De la Rúa podrá declarar como testigo, pero sus dichos no deberían ser tomados en cuenta porque su responsabilidad política impregna toda la plataforma del debate. Dicho de otra manera, un proceso penal es el modo de dirimir las responsabilidades penales en un Estado de Derecho –y no con tipos armados, como sugirió el candidato y llevó a cabo el presidente- y una vía para dar a conocer a la sociedad los acontecimientos que la comprometen. A través de este juicio se juzga a varios imputados pero, además, se evalúan los distintos ingredientes que fueron bosquejando unas jornadas que marcaron a fuego la vida política e institucional de nuestro país. En conclusión, De la Rúa declarará indebidamente como testigo en una causa en la que estuvo, está y seguirá involucrado.
Como consecuencia de las decisiones gubernamentales a lo largo del menemismo y luego durante la Alianza –con su denominador común, el hombre fuerte Domingo Cavallo-, se incrementaron los reclamos de organizaciones obreras y trabajadores excluidos. En julio de 1999 la justicia federal condenó por corte de ruta en Comodoro Rivadavia al dirigente de ATE, Walter Natera, y al vecinalista y militante comunista Miguel Gatti. El corte de ruta había sido una consecuencia de las manifestaciones realizadas para reclamar al gobierno por la falta de trabajo. Si bien la sentencia luego fue revocada en junio de 2000, implicó un alerta para sindicatos y organizaciones sociales, porque la persecución gremial y política contaba con buena parte del elenco de fiscales y jueces federales.
En ese contexto comienzan a formarse las organizaciones de trabajadores desocupados que luego dieron origen a los movimientos piqueteros. Aunque las manifestaciones se hicieron sentir sobre todo durante el gobierno de De la Rúa, a partir de los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001 y la caída del gobierno, las acciones fueron incrementándose hasta la jornada del 26 de junio de 2002 durante el gobierno de Eduardo Duhalde, en la que se desató la represión contra los manifestantes, que provocó decenas de heridos y los homicidios de Darío Santillán y Maxi Kosteki en Avellaneda. Si bien por esos hechos hubo policías juzgados y condenados, la causa penal en la justicia federal en la que se investigaron las responsabilidades de miembros del gobierno nacional de ese entonces, no avanzó según lo esperado por los acusadores, que vieron la puesta en escena durante los días previos a partir de las manifestaciones producidas por funcionarios nacionales, que acusaban a los sectores piqueteros y anunciaban la escalada represiva. Esas expresiones comulgaban con las proferidas durante las horas posteriores a las muertes y que tuvieron en la tapa del diario Clarín su máximo exponente: "La crisis provocó dos nuevas muertes", mientras la policía y funcionarios apuntaban a internas entre grupos piqueteros. Algo similar sucedió con la masacre del 20 de diciembre de 2001, por la que se habló de la violencia de manifestantes y la presencia de francotiradores. Se diluía la responsabilidad de agentes estatales en la confusión de la muchedumbre. Todo era posible, sobre todo esconder la responsabilidad por los muertos y heridos. Algunos imputados en el juicio por los crímenes del 20 de diciembre de 2001 –sobre todo el ex comisario Santos- centran sus defensas en la violencia de manifestantes, en su organización para buscar un fin político, en la justificación del accionar policial y en victimizar a un gobierno que no hizo más que utilizar el rebencazo.
Se cumplió un nuevo aniversario de la masacre del puente Pueyrredón y las muertes de Kosteki y Santillán y a los responsables políticos, aquellos que montaron el escenario y luego hicieron rodar la especie de reyerta entre piqueteros, se les debería hacer pagar en política lo que sus acciones y dichos provocaron u ocultaron o pretendieron ocultar.
La distinción entre responsabilidades políticas y penales han generado otros debates, como fue el cambio en la jefatura del Ejército y el general pasado a retiro "por razones estrictamente personales" durante esta semana. Más allá de las verdaderas razones de la decisión, se terminó con una situación que jamás se debió haber planteado, porque no puede tener confianza política quien aparece vinculado a crímenes graves. Ahora la justicia tiene la palabra.
(Tiempo Argentino, domingo 28 de junio de 2015)
