Se han cumplido ya quince meses desde el inicio del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, conocido como el Megajuicio o la Megacausa. También avanza el quinto proceso judicial, que tiene lugar en San Rafael desde hace dos meses.
Lo sorprendente es que uno no deja de sorprenderse. Bien podría pensarse que ya se ha dicho y escuchado todo sobre el terrorismo de Estado que asoló al país antes y durante la dictadura cívico militar. Pero no: todos los testimonios hacen su aporte, sea con relatos de experiencias propias o de familiares o amigos, sea con datos, sea con reflexiones o conceptos. Y ni hablar de lo valioso que es cuando hacen referencias a desaparecidos.
En el megajuicio de los Tribunales Federales de calle España ya hubo 81 audiencias y pasaron 184 testimonios. De ellos, 97 son ex detenidos ilegalmente, la mayoría víctimas de torturas físicas y psíquicas. Asusta un poco el número: casi 100 personas –sólo en este juicio– que sobrevivieron al horror de los centros clandestinos de detención en Mendoza, en dependencias policiales y de las Fuerzas Armadas.
Allí no hubo miramientos y hombres y mujeres, de todos los rangos etarios posibles, padecieron, en situación de total indefensión, la picana, el submarino, la plancha, los colgamientos, simulacros de fusilamientos, patadas, trompadas, ataques sexuales… Y entre medio, la Justicia y los jueces que no investigaban, que rechazaban sistemáticamente los hábeas corpus e ignoraban las denuncias, incluso las de violaciones.
Vale entonces repasar parte de lo escuchado esta semana en el megajuicio.
Violeta Anahí Becerra fue secuestrada el 22 de diciembre de 1976 y liberada poco más de un mes después. Su hermano Ciro también padeció una detención ilegal y su hermana Elsa, estudiante de ingeniería, está desaparecida. La madre de ellos, Elsa Issa de Becerra, fue la primera presidenta de Madres de Plaza de Mayo Mendoza. “Ella iba al juzgado federal, a la policía, al Ejército. Iba y encaraba, aunque le dijeran 100 veces no”, recordó Violeta con orgullo.
Rosa Carmen Raconto es hija de Juan Pedro Raconto, metalúrgico y militante comunista, detenido en dependencias del Ejército entre el ’76 y el ’77. Cuando lo vio por primera vez cuarenta días después del secuestro, lo encontró “con la piel amarilla, flaco y canoso” culpa de los tormentos que padeció.
Joaquín Rojas corroboró lo que dijo su hermano Julio César la semana anterior: en la Comisaría Séptima estuvo Luis Moriña, hoy desaparecido. Los Rojas, ambos peronistas, compartieron cautiverio.
Alfredo Saieg sufrió la desaparición de su esposa, la docente Olga Inés Roncelli. Las incesantes gestiones, incluyendo los hábeas corpus en la Justicia federal, no tuvieron éxito. “Era muy frontal, no se guardaba nada. Me dijo que temía que pasara lo que pasó. Lamentablemente no le hice caso”, repasó el hombre ante el tribunal.
Rosario Evangelina Quiroga vivió un tremendo calvario. Su esposo, José Luis Herrero, está desaparecido. Desde Caracas, donde vive ahora, ratificó que vio el nombre de su marido en una lista de la policía. Ella también fue secuestrada y estuvo nada menos que en la ESMA.
El matrimonio Olga Salvucci-Horacio Leceta fue el que cerró la ronda de testigos esta semana. Ella padeció el encierro ilegal en el Casino de Oficiales del Ejército, donde cada noche las mujeres allí cautivas sufrieron todo tipo de tropelías. Él, geólogo, no dejó nunca de buscarla primero y de gestionar su libertad. Los dos eran del PC y hasta un amigo de ellos, también geólogo pero absolutamente ajeno a la política, fue secuestrado y torturado.
La próxima audiencia es el lunes 1 de junio, nueva cita con la memoria y la verdad y rumbo a la justicia.
(www.diariouno.com.ar)
