Una huelga es un derecho. Cuando se ejercita para interpelar o cuestionar al Gobierno es política por esencia. Criticarla por eso carece de asidero aunque todos los oficialismos lo hacen. No se exceptúa el actual, el que más hizo por los trabajadores y los sindicatos desde 1983.
Si es político, el paro está sujeto a debate, apoyos y críticas. Una huelga exitosa de transporte con piquetes que impiden el acceso a grandes centros urbanos no permite medir la participación voluntaria del resto de los laburantes. La mayoría de los sindicatos no adhirió. Sólo una imaginación tropical puede suponer que lo hayan hecho “desde la base” jornaleros que resignaron su ingreso diario o trabajadores con sobre que perdieron el presentismo.
Los reclamantes disponen de otras herramientas para demostrar su arrastre y legitimidad. Las manifestaciones y los actos son ejemplos clavados. El incoherente abanico de los convocantes se cuida de hacerlos porque revelarían su división interna, que linda con el enfrentamiento en los extremos (izquierda radical y CGT de Hugo Moyano). Quien más se cuida es el líder camionero, el más poderoso de todos, aún en su caída libre. No podrían armar una lista de oradores, él no podría hablar sin exponerse a los chiflidos y consignas de “los zurdos”. Quienes se expresan en distintas conferencias de prensa demarcan la fragilidad de su alianza.
Aunque la retórica agrega otras demandas, poco precisadas y desnudas de propuestas para viabilizarlas, el reclamo central es el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores. En su extremo, la abolición del mal apodado “impuesto al trabajo”.
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Necesario pero chueco: El Impuesto a las Ganancias carga con un nombre impropio y está malamente zurcido. Dista de ser “el más injusto de los impuestos” como dice un editorialista ignorante del diario La Nación, devenido luchador sindical porque contra el kirchnerismo todo vale, hasta superar las propias náuseas. Es un impuesto a los ingresos, progresivo en concepto. A contracorriente del flujo de sandeces que dijeron políticos y economistas de derecha se sitúan dos artículos periodísticos que se recomiendan acá. Uno fue publicado por el colega Raúl Dellatorre en este diario. El otro salió en Clarín, firmado por los economistas Miguel Bein, Marina Dal Poggeto y Martín Vauthier. Esta columna se nutre de ambos, aunque prescinde de citas textuales.
El Impuesto a las Ganancias es más progresivo que el IVA que recae sobre todas las personas, con alícuota no diferenciada.
Existe en los países capitalistas avanzados. Extirparlo restaría recursos al Estado y no mejoraría la equidad.
Es siempre opinable cual es el umbral para percibir un tributo a los ingresos altos. Asumido esto, este cronista entiende que un trabajador soltero que embolsa quince lucas por mes no es un potentado, seguramente ni es sujeto de crédito hipotecario.
El piso está desactualizado. Las alícuotas mal reguladas porque deberían ser progresivas y no saltar abruptamente.
No es equitativo ni aun sensato que ciudadanos que ganan lo mismo tributen cifras muy disímiles, que dependen del momento en que superaron el piso no imponible. Tampoco que haya ejemplos de aumentos que no convienen al supuesto beneficiario. O que haya que realizar cálculos muy complejos para saber si, a quien está en el límite, le beneficiará o no hacer horas extras.
Estas disfunciones, algunas opinables y otras descabelladas, son consecuencia de los cambios asistemáticos introducidos mediante parches que dejan al esquema general hecho un engendro.
El Gobierno conoce esa situación y tiene a estudio propuestas propias de reforma que van más allá del simplismo de “subir el piso” sin caer en el disparate de suprimir el impuesto. Se ignora hoy si las anunciará en el año. Dos motivos pueden explicar (que no es igual a justificar) la reticencia. El primero es no dar el brazo a torcer ante los reclamos. El segundo, no desbalancear las arcas. El último, el más serio, está contemplado en el material proveído por la AFIP. Si se elevan las alícuotas de las personas físicas de ingresos más altos se podría atenuar el impacto de las nuevas exenciones. Es bastante posible, que no seguro, que el Gobierno implemente modificaciones antes del fin del mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
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Desigualdades y carencias: Las alusiones y recriminaciones cruzadas sobre la solidaridad dentro de la clase trabajadora rozan una característica esencial de la etapa. El universo de los laburantes es distinto al de otras coyunturas de la Argentina. El piso subió para todos o, por lo menos, para una abrumadora mayoría. Pero los niveles de desigualdad internos son muy grandes, para la mejor tradición nacional. Basta contemplar que hay trabajadores en relación de dependencia que ganan el triple o el cuádruple que otros compañeros de clase.
La asimetría se acentúa cuando se mira al conjunto de los informales comparados con quienes gozan de tutela sindical. Estos cobran más cada mes, perciben aguinaldo, tienen vacaciones pagas, paritarias anuales. Los gremios han acrecentado su poderío y masa de afiliados, enclenques a principios de siglo.
La abundancia de centrales sindicales no se corresponde con necesidades de sus integrantes. Las dos CGT jamás tuvieron una mirada ni atisbos de propuestas para quienes trabajan “en negro” (fea la expresión, por donde se la mire). Las dos CTA las contemplan en su discurso y en sus reglas de acogida, pero carecen de poder para cambiar lo existente. Están compuestas por gremios estatales, predominantemente, lo que afinca sus luchas cotidianas a la esfera pública.
Impresiona el silencio de los jerarcas cegetistas respecto del trabajo informal. En general, poco hablan de los patrones, todo su relato encara al Gobierno. El trabajo informal es, de movida, evasión o sea (ir)responsabilidad empresaria. Abolir ese dato es capcioso.
El Gobierno consiguió una disminución notable del trabajo informal en sus primeros años. El piso, un tercio del total de los laburantes, no baja desde hace tiempo. Una ley bien encaminada pero dictada en momento de bajo o nulo crecimiento económico, propone medidas interesantes pero no suficientes.
Nada es seguro, en un contexto dificultoso pero vaya que sería interesante una movilización sindical amplia con aval gubernamental para denunciar evasores y explotadores. La iniciativa, por lo pronto, sería un cambio cualitativo en sí misma. En el contexto, mentarla suena a Argentina año verde.
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Hablemos de planes: La expresión “planes sociales” pulula en los medios dominantes y en los discursos opositores. Eso sólo es casi garantía de imprecisión o falsedad. Abruma la falta de conocimiento VIP sobre el sistema de protección social construido en los mandatos kirchneristas. Tiene un par de vigas de estructura formidables que, aunque parezca paradójico, se deben mejorar y será difícil conservar.
La primera es la ampliación de la masa de jubilados a nivel cuasi universal, equiparable a momentos destacados del Estado benefactor. Con una salvedad, nueva y reparadora de las crisis recientes: se dejó de lado el paradigma puramente contributivo (se jubila el que aportó todo el tiempo y en forma). También se tutela a quienes no pudieron, a los que padecieron evasión de sus patrones, a las amas de casa, a las empleadas de casas particulares que eran parias en los dichosos tiempos de la República. Es un modelo costoso que sería glorioso mejorar lo que no se logrará bajando impuestos a troche y moche.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) es un segundo avance notable. Un derecho para las familias, un programa de ingresos supeditado a requisitos objetivos, muy desligados de la discrecionalidad del otorgante.
En un notable ensayo, el politólogo Rodrigo Zarazaga, estudia con detalle a la AUH y a otros programas de ingresos, en particular el Argentina Trabaja. El texto se titula “Política y necesidad en programas de transferencias condicionadas”, forma parte de un buen libro compilado por el sociólogo Carlos Acuña, El Estado en acción. Uno aconsejaría su lectura a un puñado de editorialistas, pero sabe que lo suyo no es informarse en serio.
Zarazaga se explaya sobre la AUH, señalando su transparencia, la supresión de la arbitrariedad. Cree que su saldo es muy positivo, muy superior al de programas cuya contrapartida es el trabajo, que habilitan más disponibilidad de las autoridades.
Contra lo que se adujo en su momento y ahora recrea el ala más derechosa de la “opo”, la AUH no es un programa para desocupados ni fomenta la vagancia. Zarazaga (sacerdote jesuita, además) duda acerca de la eficacia del reclamo de contraprestaciones educativas y sanitarias de la AUH. No la considera probada. De su coleto, este cronista agrega que algunas cifras oficiales lanzadas al comienzo sobre aumento de las matrículas escolares fueron alocadas. Lo que solidificó la AUH es la tenaz voluntad de las familias (las madres en especial) por escolarizar y atender a sus hijos. El Progresar, que es un añadido valioso a la AUH, prolongó la protección desde los 18 hasta los 24 años, sigue un rumbo parecido. Una fracción notable de los chicos que se inscribieron ya estudiaban en nivel secundario o universitario.
Esas acciones, institucionalizadas y bien gestionadas, distan mucho de los planes Trabajar o Jefes y Jefas de Hogar que están desactivados aunque haya necios que los crean vigentes. Son correcciones importantes a la desigualdad, mayormente por ingresos. Una nueva marca de la época que podría motivar mociones superadoras. No es esa la agenda opositora, más atenta a otras variables... y a otras clases sociales.
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Apoyos y escenarios: Es valioso que ante la inminencia de las elecciones se ponga la lupa sobre el sistema educativo. Es muy imperfecto que se deje de lado inventariar al plan Conectar Igualdad. De nuevo: es universal, se concede “por ventanilla”. Contribuye a achicar la brecha de conocimientos y de recursos entre pibas y pibas de diferentes estamentos sociales.
El kirchnerismo mejoró sensiblemente los derechos y el patrimonio de los laburantes, en un contexto de crecimiento. Todos avanzaron, sí que un modo dispar. Un nuevo cuadro de situación refleja desigualdades (algunas ya apuntadas), finitud de las herramientas, amesetamientos. Son imperiosas, desde hace un buen rato, acciones de “segunda generación”, de sintonía fina. El precandidato presidencial Jorge Taiana acuñó una expresión sugestiva: el kirchnerismo debe escribir su “segundo tomo”, en consonancia con (pero no en repetición mecánica de) sus avances.
De cualquier modo, conserva la adhesión mayoritaria de los sectores populares, en especial de los más humildes. Confundir esa racionalidad instrumental de los humildes (apoyar al que mejor lo representó) con clientelismo es mala fe o algo así. Sobre todo si los derechos (AUH, Progresar, Conectar, jubilaciones) no se concedieron como gracias del gobernante.
Es todavía incierto el escenario electoral. Las lecturas de los encuestadores coinciden en predecir un sesgo clasista en la distribución de los votos. A título de hipótesis, este cronista añade que es verosímil que se produzca un final de polarización entre el kirchnerismo y otra fuerza, políticamente ubicada a su derecha.
No sería un ejemplo de la peculiaridad argentina. Es lo que sucedió en Bolivia, Uruguay y Brasil, países hermanos y vecinos.
(Página 12, domingo 5 de abril de 2015)
