En un contexto internacional de crisis económica, desempleo y contracción de la demanda, Argentina viene implementando medidas contracíclicas para no continuar este círculo recesivo y de estancamiento.
A partir del 2003, el Estado se encargó de implementar un modelo de crecimiento económico con inclusión social, incentivando la transferencia de recursos de los sectores de mayores ingresos a los más vulnerables.
La reducción de los subsidios en los servicios de gas y agua en un 20% en promedio responde a estos objetivos.
Por un lado, esta iniciativa implicaría una redistribución de ingresos, ya que redirecciona los gastos en subsidios al financiamiento de la AUH y al Plan Progresar.
Estos programas cumplen una doble función: impulsar el poder de compra de los sectores más desprotegidos y así mantener el nivel de actividad económica, consumo y empleo.
Por otro lado, se promueve la capacitación de los recursos humanos ampliando el nivel de conocimiento y escolaridad en todo el país.
A su vez, se procura concientizar a la población en problemáticas ambientales provocadas por el uso irracional de los recursos.
Existen una serie de premios como el mantenimiento parcial o total de los subsidios si se reduce el consumo en comparación al mismo bimestre del año anterior.
En Argentina, debido a las grandes reservas de agua y a los bajos costos de las tarifas, se nos olvida que éste es un recurso imprescindible y escaso, especialmente en zonas del país donde no abundan reservas acuíferas o extendidas redes de potabilización.
Las cifras internacionales lo demuestran, indicando a la Argentina como uno de los principales consumidores de agua en comparación con otros países.
El consumo diario informado por Aysa es 500 litros per cápita, mientras que en Uruguay es 130 litros, en Chile 160 litros, en Europa 180 litros, en Brasil 210 litros y en EE.UU 275 litros.
La medida apunta entonces hacia un uso más racional de los recursos no renovables que permita no sólo una distribución más progresiva del ingreso sino una mayor conciencia intergeneracional de su utilización.
Esta reducción del consumo también mejoraría la situación del sector externo ya que implicaría una menor necesidad de importación de gas y recompondría reservas. Otro objetivo de la medida es el mantenimiento de la competitividad de las empresas instaladas en Argentina.
La reducción de subsidios solo alcanza a los hogares, comercios y GNC, quedando exceptuadas las industrias. Esta iniciativa va en sintonía con los objetivos del Programa “Precios Cuidados” en cuanto a la contención de los precios y protección de los consumidores.
Hace una década la situación en los servicios de agua y gas mostraban un panorama lamentable, que se logró revertir a partir del 2003.
Durante el período 1991-2003, las tarifas estaban en dólares y eran muy caras en comparación a las de otros países.
El supuesto autoabastecimiento energético de esa época era apenas un pretexto para, en su nombre, realizar una serie de reformas estructurales contrarias al interés nacional, ya que si bien no era necesario acudir a importaciones para abastecer el mercado local, el excedente se giraba al exterior en forma de utilidades y dividendos.
La política de subsidios aplicada entre 2003 y 2013 permitió crecer un 6,8% por año, en promedio, promoviendo el desarrollo industrial y la generación de puestos de trabajo.
También se hicieron una infinidad de inversiones para mejorar la provisión de los servicios públicos, expandir las redes e incluir cada vez más argentinos.
Las inversiones en agua y cloacas ascienden a $30.700 millones, destinándose $12.000 a la provincia de Buenos Aires y Capital Federal (aprovisionadas por Aysa) y $ 18.700 millones en el resto del país.
Por eso, también a pesar de que Buenos Aires y Capital Federal sean las únicas zonas que están alcanzadas por la reducción de subsidios al agua, también hay que tener en cuenta todas las inversiones realizadas allí durante los últimos diez años.
Con respecto a AYSA, durante el período 2006-2014 hubo infinidad de nuevas obras como la Planta de Tratamiento de La Matanza, ampliación de las Plantas San Martín y Belgrano, Plantas del Bicentenario y Juan Manuel de Rosas, Plan de Obras en la Cuenca Matanza-Riachuelo, ampliaciones al Sistema de Agua Potable de Temperley, Bernal, La Matanza, Glew, Ezeiza y La Lata.
En cuanto a las obras de gas, entre 2003 y 2014 se construyeron 2790km de gasoductos troncales que implicaron una inversión de $ 92.500 millones.
Actualmente, con una mejor situación económica que la existente hace 10 años, se puede avanzar en una reducción de subsidios a los servicios públicos para dirigir ese esfuerzo del Estado a los sectores que aún se encuentran en una situación vulnerable.
