Vuelve a ocupar algún espacio en la actualidad de este iniciado 2014 aquel megacanje que efectuara el gobierno del Dr. De la Rúa a mediados de 2001.
No por obra y gracias del "relato k" como gustan mentar los medios opositores, sino por una decisión de la justicia, que consiste en el procesamiento de los principales responsables del mencionado megacanje.
En efecto, la evaluación jurídica no se basa en la oportunidad de la decisión en materia de política económica, que corresponde al Poder Ejecutivo, sino que se interroga sobre la naturaleza de una operación que postergaba pagos inmediatos por cerca de 13 mil millones de dólares a cambio de un aumento de la deuda externa de 55 mil millones de dólares hasta 2031.
En efecto, en ese río revuelto encontramos tantos bonos renegociados, tan pocos bancos, tan conspicuas personalidades...
Sin olvidar los intermediarios de la operación: estos últimos, eficientes, se asignaron 150 millones de dólares en comisiones.
De allí que surja la legitima duda sobre saber si la operación se realizó para fraguar una notable defraudación, quizas motivada para satisfacer intereses otros que los del Estado Nacional.
