La primera fuerza policial del país que se acuarteló en diciembre pasado, algunos de cuyos efectivos están detenidos y debieron declarar ante la justicia, también es una de las más cuestionadas por su propia ciudadanía. Hace siete años que en Córdoba se realiza todos los 20 de noviembre la Marcha de la Gorra, una manifestación que empezó con un grupo de jóvenes de los barrios pobres de la capital mediterránea que habitualmente usan gorra y vestimentas amplias, quienes son identificados y detenidos por la policía amparada en el Código de Faltas (CF). A esta marcha se le fueron sumando organizaciones políticas y sociales que pelean contra detenciones arbitrarias y anticonstitucionales.
Los especialistas opinan que el acuartelamiento y extorsión policial del 3 y 4 de diciembre en la provincia que gobierna José Manuel de la Sota, y por el que consiguieron de un día para el otro un aumento salarial del 33%, tiene muchos orígenes. Sin embargo, aseguran que el CF, un reglamento que habilita a la policía a detener a jóvenes bajo la figura de "merodeo", es decir sólo por circular por lugares públicos habilitados para cualquier persona, le "regala" un poder a la policía que deviene en autonomía de la fuerza del poder político.
Pero, en diciembre ese sistema de control social a cambio de mayor poder policial, estalló por el aire y terminó en saqueos. A comienzos de este año, 16 policías fueron detenidos y acusados de presuntos delitos de desobediencia a la autoridad e instigamiento a cometer delitos y extorsión. Por lo pronto, el fiscal de Distrito III de Córdoba, Raúl Garzón, ya rechazó pedidos de excarcelación.
Horacio Etchichury, abogado, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigador del Conicet especializado en derecho constitucional, aseguró a Tiempo Argentino que, más allá de que el acuartelamiento tiene muchas causas, el CF "le da a la policía una gran autonomía de actuación, ya que le permite controlar la calle a través de los arrestos. Esa autonomía va pareja con una organización jerárquica interna y con la ausencia de un mecanismo de representación por fuera de esa jerarquía". Y agregó que el CF "refuerza el poder de los jefes, les permite controlar la calle y decidir sobre los arrestos y los subordinados”.
Una investigación realizada por el Espacio de Resistencia al Código de Faltas, del que participaron la UNC y la Universidad de La Rioja, de España, entre varones cordobeses de 18 a 25 años, denuncia que del total de los encuestados detenidos por aplicación de este CF, el 70,5% fue por aplicación de las figuras denominadas como "merodeo", "negativa a identificarse" o "portación de llaves o ganzúas". "Este dato es relevante si se observa que estas figuras se refieren a situaciones o estados en que cualquier persona se puede encontrar mientras transita por la vía pública. No se refieren a acciones lesivas concretas o potencialmente lesivas", destaca el informe. Y asegura que la detención "depende de una decisión discrecional de la policía, decisión que siempre será arbitraria desde que las normas analizadas no contienen criterios determinados para la selección”.
Asimismo, da cuenta de que el número de detenciones de jóvenes en la vía pública asciende a medida de que descienden sus ingresos. El informe muestra que el 68,1% de los detenidos por aplicación de las tres figuras pertenece a barrios de nivel de ingresos bajos, mientras que sólo el 19,4% se corresponde al nivel de ingresos medio y un 12,5%, a barrios de nivel de ingresos altos (ver recuadro).
Las figuras merodeo, negativa a identificarse y portación de llaves adulteradas, inventadas por la misma policía, son aplicadas contra personas, en general varones jóvenes, que son encasilladas en un estereotipo y que son detenidos por lo que los mismos agentes argumentan como "olfato policial". A su vez, el informe destaca que uno de los criterios construyen el estereotipo es "la pertenencia a un barrio de bajo nivel de ingresos".
Ana, del Frente Organizado Contra el Código de Faltas, un espacio donde convergen organizaciones de Derechos Humanos, gremiales, universitarios y territoriales, asegura que "el estallido social impulsado por la policía que, a su vez se desbordó por el enojo de la gente que está cotidianamente perseguida y criminalizada, puso en evidencia de que la gobernabilidad de de la Sota sin el aparato represivo, no se puede sostener".
"Hoy, en Córdoba, se vive un estado policial. Crearon el Departamento de Ocupación Territorial que son cuerpos policiales que tienen poder de entrar en lo que ellos llaman 'zonas rojas' y pueden actuar preventivamente. Incluso tienen helicópteros con cámaras para detectar movimientos nocturnos. Todo esto lo hacen con la excusa de luchar contra el narcotráfico, pero el año pasado, en Córdoba, estalló el escándalo del narcotráfico en el que estaban involucrados altos mandos de la policía, y quedó en evidencia la corrupción interna de la fuerza", denuncia la militante de ese espacio.
Figuras legales contrarias a la constitución
Los policías cordobeses están acusados ante la justicia por presuntos delitos de desobediencia a la autoridad e instigamiento a cometer delitos. Asimismo, con el CDF, los uniformados cometen de manera sistemática el delito de violación de derechos consagrados en la Constitución Nacional.
Las figuras de merodeo, negativa a identificarse o portación de llaves o ganzúas resultan inconstitucionales por tratarse de un derecho penal violatorio del artículo 19 de la Constitución Nacional, que consagra que "ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe".
El 77,7% de los encuestados indicó algún aspecto de su atuendo como relevante a la hora de la detención. La conducta discriminatoria por parte de la policía es contraria al artículos 5º de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y al artículo 26º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También afecta al derecho a la igualdad consagrado en el artículo 16 de la Constitución.
Otro dato: el 3,4% de detenidos por aplicación del CDF no conoce la infracción por la que fue detenido. Conocer la razón por la que uno es privado de la libertad es una garantía que se enmarca dentro de un derecho más amplio referido al debido proceso. El debido proceso (legal y sustancial) constituye un derecho fundamental de las personas que posibilita el ejercicio del derecho de defensa y se encuentra expresamente contenido en los artículos 18 de la Constitución Nacional y el 39 de la cordobesa.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, en su artículo 8, un "conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención". Y garantiza como "un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas".
(Diario Tiempo Argentino, domingo 26 de enero de 2014)
