Presionado por la acumulación de documentos y pruebas en la causa donde se lo investiga por presuntas maniobras de lavado de activos y evasión tributaria en favor de algunas de las más grandes fortunas del país, el banco estadounidense JP Morgan Chase rompió por primera vez la pasividad que había mostrado desde hace cinco años en el ámbito judicial.
Días atrás, la entidad realizó una presentación ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 7, a cargo de Sebastián Casanello, en la que solicitó que se lo considere "tercero interesado" en la causa, lo que lo habilitaría a tener acceso al expediente.
El pedido del banco tuvo lugar cuando ni siquiera se encuentra imputado por el magistrado. De hecho, Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan se encuentran actualmente recopilando toda la información necesaria para, llegado el caso, formalizar una acusación contra la entidad y llamar a declarar a sus principales ejecutivos en el país. Entre esas pruebas se encuentran una serie de exhortos enviados a Estados Unidos para corroborar las declaraciones del ex vicepresidente de la división Banca Privada del JP Morgan, Hernán Arbizu, y las "instrucciones de transferencia" que Tiempo Argentino publicó en exclusiva, con números de cuenta, titulares y montos operados por la entidad.
Según fuentes vinculadas con la causa caratulada "Ausol sobre averiguación de delito" –que ya acumula cinco cuerpos, algo inédito teniendo en cuenta el embrionario estado procesal– la estrategia del banco responde a la intención de conocer en detalle las pruebas acumuladas para ganar tiempo ante una posible imputación que recaiga sobre algunos de sus ejecutivos y empleados. No por casualidad el CEO del banco, Facundo Gómez Minujin, contactó recientemente al diputado y abogado Ricardo Gil Lavedra para que lo asesore en la materia, hecho que fue confirmado a este diario por el propio legislador de la Unión Cívica Radical, aun cuando el banco tiene como representante legal a dos poderosos bufetes de abogados: el estudio Pérez Alati, Grondona, Benites y Martínez de Hoz hijo y el Estudio Durrieu, de Roberto Durrieu, ex subsecretario de Justicia del dictador Jorge Rafael Videla.
"Quieren conocer la causa para, una vez imputados, empezar a 'empiojar' el terreno con recursos y dilaciones", consideró una fuente que conoce en detalle el expediente.
En medio de este escenario, Casanello rechazó el pedido del banco para que se lo tenga en cuenta como parte interesada bajo el argumento de que la entidad financiera no "demostró un interés legítimo". Riguroso en cuanto al cumplimiento de las normas procesales, el magistrado fundamentó su decisión en base al artículo 131 del Código Procesal Penal: "El tribunal ordenará la expedición de copias e informes, siempre que fueren solicitados por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos", dice el texto de la norma, sin dejar demasiado terreno a especulaciones o zonas grises. Como era de esperar, el banco no se quedó de brazos cruzados, apeló la decisión del magistrado, por lo que la decisión final será tomada por la Sala II de la Cámara Federal Criminal y Correccional, integrada por los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, cuya resolución podría tener lugar en los próximos días.
La causa que lleva adelante Casanello se originó a partir de las "instrucciones de transferencia" que este diario publicó durante el mes de mayo. Las instrucciones no son otra cosa que un detallado registro de transacciones financieras realizada por personas jurídicas y físicas de renombre local e internacional (ver nota aparte) a través de cuentas offshore entre los años 2006 y 2008. En cada una de las órdenes consta el nombre, número de cuenta, monto y sede de los bancos intervinientes, todo ello con un denominador común: la participación del JP Morgan Chase.
Con ese valioso material en la mano, el fiscal Marijuan solicitó inmediatamente una ampliación del requerimiento de instrucción ante el juez federal Sergio Torres, a cargo del Juzgado Federal Nº 12, con el objetivo de que el magistrado lo incorporase a las actuaciones que llevaba adelante desde 2008, cuando el arrepentido Hernán Arbizu –ex vicepresidente de la división Banca Privada del JP Morgan– se autodenunció para evitar una extradición, y dijo ser responsable de una estafa a través del manejo irregular de tres cuentas del banco.
En su presentación, Arbizu brindó información sobre la responsabilidad del banco en el armado de una ingeniería financiera dispuesta para fugar y administrar en el exterior los activos de 469 personas físicas y jurídicas, entre ellas los principales directivos del Grupo Clarín.
En cinco años, Torres no logró avance alguno en la causa. De hecho, el magistrado consideró que los nuevos elementos aportados por Marijuan constituían un hecho diferente al que él tenía en estudio, el que, tras el sorteo de rigor, recayó en el juzgado de Casanello. Desde entonces, la investigación tomó cierto impulso, principalmente a partir de dos decisiones que hasta el momento Torres había esquivado y que a simple vista parecen de sentido común: aceptar a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante y tomarle declaración indagatoria a Hernán Arbizu, quien desde 2008 hasta ese momento no se corrió un centímetro de su declaración original. Además, según pudo saber este diario, Casanello ya requirió una certificación de las actuaciones llevadas adelante por Torres para adjuntarlas al nuevo expediente a su cargo.
Se espera que la aceptación de la UIF –principal organismo encargado de combatir el lavado y la financiación del terrorismo– acelere los tiempos procesales, ya que además de contar con capacidad técnica para recabar información también podrá solicitar medidas de prueba que considere pertinentes. Para la UIF, las maniobras "muestran con claridad a todos los directivos del JP Morgan de la Argentina y del exterior como incursos en una co-autoría para cometer el delito de lavado de activos con el agravante de la habitualidad y en banda, pues claramente estamos ante una operación realizada por el crimen organizado donde cada eslabón de la larga cadena realiza una función específica tendiente a cumplir con un tramo del tipo penal", según consta en la presentación efectuada ante Casanello. Entre otras medidas, el organismo solicitó que se impute a todos los directivos "que intervinieron en las maniobras delictivas", y que precise cuál era la función que desempeñaban en la oficina de Banca Privada desde 2006 hasta la actualidad.
Colaboró Gabriel Morini.
Dos elementos clave
Dentro de la numerosa documentación que obra en la justicia, dos elementos arrojan claridad sobre el margen de responsabilidad del banco en los presuntos delitos investigados, siendo paradójico que en ambos casos se trata de pruebas provenientes del propio banco.
En el primer caso, se trata del teléfono móvil que el JP Morgan le había suministrado a Arbizu, donde quedaron registrados 117 correos electrónicos –hay muchísimos más que la Gendarmería busca recuperar– que muestran la conexión del arrepentido con los principales cuadros jerárquicos de la oficina en Buenos Aires y Nueva York. Tal como publicó este diario, en el aparato también hay registros de operaciones de "back to back" a través de paraísos fiscales por parte de firmas nacionales, siempre con la intervención del banco estadounidense.
El otro elemento tiene que ver con una serie de documentos que el JP Morgan presentó en 2008 ante la justicia estadounidense, reconociendo que Arbizu era el encargado principal de llevarle clientes argentinos al banco, y que manejaba una cartera de empresas y personas físicas de más de U$S 200 millones, por lo cual tenía acceso a la información confidencial de la entidad.
(Diario Tiempo Argentino, domingo 22 de setiembre de 2013)
