Cuando todo parecía indicar que el rechazo a la reforma judicial podría disparar un realineamiento en la oposición, apareció la inefable diputada Elisa Carrió para complicar las incipientes negociaciones aliancistas con una rimbombante denuncia de pacto espurio entre la presidenta Cristina Fernández y el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, que salpicó a toda la oposición por supuesta complicidad.
Los 34 bloques opositores de la Cámara Baja no consiguen ponerse de acuerdo salvo en cuestiones tales para la propia supervivencia, como una temida reforma constitucional que habilite un nuevo mandato de Cristina Fernández.
Ni siquiera por aquellos años del Grupo A constituido tras la derrota kirchnerista de 2009 pudieron bordar acuerdos sólidos. Pese a que son adalides del diálogo y la convivencia política, Mauricio Macri y Francisco De Narváez se pelearon poco después de su alianza electoral. El peronista disidente fue después candidato a gobernador en la boleta de la UCR, pero el fracaso lo convenció de que no debe repetir. Los diputados Patricia Bullrich, Alfonso Prat Gay y la senadora María Eugenia Estenssoro fueron electos con Carrió, pero ahora están francamente enfrentados entre sí y con la chaqueña. El radical Ricardo Gil Laveedra fue a elecciones por fuera de su partido, pero luego volvió al redil y se convirtió en titular del bloque de la Cámara Baja, pese a las chicanas de sus correligionarios. Al más claro exponente de la derecha radical, Oscar Aguad, le gustaría juntarse con Mauricio Macri, pero sabe que el horno no está para bollos. En fín, no es fácil reunir siquiera al panradicalismo que cuenta, además, con un desgajamiento socialdemócrata como el GEN de Margarita Stolbizer.
El antikircherismo compartió –de izquieirda a derecha– la cruzada sojera, pero cuando los agrodiputados llegaron al Congreso, ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo en un proyecto que redujera las odiadas retenciones a las exportaciones agrícolas. Obviamente que presentan un frente común contra una eventual posibilidad de re-reelección presidencial y lograron hasta instalar un carpa frente al Congreso Nacional, donde se recibían firmas contra la reforma judicial. Fue apenas una señal de acción conjunta, pese a que la Plaza de los Dos Congresos no rebozó de gente como durante el último cacerolazo.
Frente a las elecciones de octubre, enfrentan el desafío de constituir alianzas para vencer a la oficialismo. Pero la experiencia indica que los pactos electorales son sumamente frágiles si no existe cierta identidad ideológica, un proyecto político común y si sólo expresan proyectos personales.
Para constatar las diferencias opositoras, apareció Carrió con litros de removedor arrojado sobre los inicipientes gestos de alianzas electorales reclamadas por los caceroleros.
La chaqueña cuestionó el acuerdo para devolverle a la Corte Suprema el manejo administrativo y económico del Poder Judicial, que el proyecto oficial original le entregaba al Consejo de la Magistratura. Denunció prácticamente que Lorenzetti había abandonado a los jueces a cambio de la caja y que la presidenta había accedido a cambio de alguna sentencia favorable. Carrió denunció que al documento consensuado entre los presidentes de cámaras y que luego fue enviado a la Cámara de Diputados con la firma de Lorenzetti, le faltaba un párrafo que rechazaba la reforma judicial por inconstitucional. Esa afirmación fue eliminada del documento porque hubiera contituido un prejuzgamiento capaz de convertirse en contundente elemento de recusación por parte del gobierno, cuando un planteo de inconstitucionalidad de la reforma llegue al máximo tribunal, como seguramente ocurrirá.
Además de su vocación por las denuncias sonoras, el planteo de Carrió parece haber estado motorizado por el hecho de que los futuros miembros del Consejo de la Magistratura deberán ser votados en listas de partidos que cuenten con representación en 18 de las 24 juridiscciones electorales, algo que sólo tienen hoy el PJ, la UCR y el Pro.
Consciente de la debilidad de Unión por Todos, Patricia Bullrich, salió a pedir una gran alianza opositora precisamente para poder impulsar consejeros en todos los distritos electorales. Pero el disolvente que arrojó Carrió en el recinto contra los potenciales aliados no parece contribuir a un clima de concordia.
El espantaopositores fue arrojado cuando la cúpula radical iniciaba una campaña tendiente a unir fuerzas con el Frente Amplio Progresista (FAP), de Hermes Binner; Proyecto Sur, de Fernando Pino Solanas y la propia Coalición Cívica, que sobrevive penosamente luego del condenatorio 2% votos obtenido por Carrió en las últimas elecciones.
Los radicales intentan darle un maquillaje progresista a una eventual alianza de centro, para lo cual es imprescindible que incluya a Solanas, ya que los diputados de Unidad Popular, Claudio Lozano y Víctor de Gennaro, resisten una alianza del FAP con la UCR por sus costados conservadores.
Lozano y De Gennaro cuestionan el acuerdo de Solanas con Carrió y el de Victoria Donda con Alfonso Prat Gay, con lo cual el FAP parece más al borde de una fractura que de una integración mayor.
Sin los legisladores vinculados a la CTA, esa alianza perdería fuerza por izquierda, para convertirse en una coalición moderamente centrista. A ello contribuye el hecho de que Binner diga cosas tales como que los trabajadores no deben exigir aumentos salariales altos para no generar inflación, que hubiera votado a Capriles en Venezuela y que la culpa de los ocho muertos chavistas tras las elecciones que ganó Maduro por estrecho margen, la tiene el "populismo".
La alianza entre radicales y socialistas podría definir así un perfil parecido a la que entronizó a Fernando de la Rúa, en el cual Solanas pasaría a cumplir un rol de validación progresista, similar al que jugó Carlos "Chacho" Alvarez, severamente cuestionado por el cineasta.
Frente a esta opción centrista, se alzará la coalición gobernante en un espacio de centroizquierda y posiblemente otra alianza de derecha integrada por el Pro y la disidencia peronista ortodoxa.
Los sindicalistas Hugo Moyano y Gerónimo Momo Venegas parecen haberse convertido en los articuladores de un acuerdo electoral entren el macrismo y la derecha peronista. Los primeros acuerdos apuntan a impulsar las candidatura del ex ministro Roberto Lavagna y Gabriela Michetti en la Ciudad de Buenos Aires, pero el intento es más ambicioso y pretende extenderse al interior del país, donde los sindicalistas ofrecen capacidad de fiscalización.
La posibilidad de que la alianza de derecha avance hacia el interior del país creció luego de que Macri, Moyano, José Manuel De la Sota, Lavagna, los ex presidentes de la Sociedad Rural, Luciano Miguens y Hugo Biolcati, el ruralista y candidato a senador por Entre Ríos del Pro, Alfredo De Angelis y una nutrida delegación de disidentes peronistas aparecieran juntos en el lanzamiento del partido Fe, de Venegas. Macri se negó a avanzar más allá de sostener que visitaba a "un amigo" y De Narváez eludió al alcalde una vez más, pero conversó largamente en un aparte con el gobernador cordobés. Para el 6 de mayo convocaron a una cumbre opositora en dpedencias del sindicato de Venegas, en las cuales podrían avanzar hacia un acuerdo concreto.
Al acceder al gobierno, Néstor Kirchner imaginaba que las confrontaciones futuras podrían darse entre una fuerza de centroizquierda y otra de centroderecha. En las próximas elecciones no se plasmará aún ese escenario ideal. Todo parece indicar que habrá tres coaliciones: el kirchnerimo por centroizquierda, la alianza de centro liderada por el radicalismo y otra de centroderecha que unirá a macristas y peronistas disidentes. Fuera de esas tres fuerzas, sólo habrá propuestas testimoniales. En ese contexto no es difícil predecir que la fuerza más votada será el Frente para la Victoria.
(Diario Tiempo Argentino, sábado 27 de abril de 2013)
