En nota anterior manifestábamos algunos aspectos de lo que está en el tapete en lo que hace a la violencia institucional, es decir aquellas acciones represivas que en nombre de la lucha contra la inseguridad provocada por picos de delincuencia, resultan de una real e indisimulada persecución a los sectores más vulnerables, especialmente jóvenes. Sin embargo, en su mayoría son jóvenes trabajadores y estudiantes. Menos delincuentes.
Esta violencia deviene de políticas oficiales que se fundan en una realidad que se advierte por hechos que cobran vidas y atentatorios a la propiedad. Sin embargo, para los organismos de derechos humanos de la provincia, esas políticas tienen un sesgo de debilidad ideológica ante la gritería vocinglera de tradicionales personajes y sectores de la oposición política empeñados en la mano dura y la descalificación de los jueces que se valen del pleno derecho para garantizarlo. Al mismo tiempo para todos los habitantes de esta tierra, aunque algunos de ellos hayan delinquido. Por ello es que reafirmamos el documento elaborado en el marco de la campaña nacional contra la violencia institucional en la que se manifiesta.
La Campaña Nacional contra la Violencia Institucional manifiesta su profunda preocupación por la situación del Juez mendocino Ramón Perez Pesce, a quien se le ha iniciado un procedimiento para su destitución solo por realizar acciones para evitar las detenciones arbitrarias en el Departamento de San Rafael, Provincia de Mendoza.
Las detenciones arbitrarias en San Rafael han sido denunciadas por organismos de derechos humanos provinciales como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre (filiales Mendoza y San Rafael), y por la Asociación Xumek, y constituyen una práctica de violencia institucional dirigida en contra de jóvenes de sectores vulnerables, que son detenidos por la policía en forma reiterada e injustificada, bajo la figura de la "averiguación de identidad".
Esta práctica, que se manifiesta en forma generalizada, resulta estigmatizante e impide la inclusión laboral, educativa y en general reproduce el circuito de la marginación y la exclusión social. Según las estadísticas citadas por el magistrado a quien se pretende destituir "luego de analizar las Actas de Aprehensión remitidas por Comisaría 32º, solamente en esta repartición (hay 54 comisarías en toda la provincia y otras tantas subcomisarías), durante los meses de agosto y setiembre (de 2012), se determinó que se aprehendieron, respectivamente, 340 y 348 personas, de las cuales 148 son empleados, 51 son desocupados, 74 son changarines, 119 son estudiantes, 132 resultaron albañiles y 21 vendedores ambulantes, 25 son pintores, siendo el resto panaderos, plomeros, artesanos, electricistas, poceros, soldadores, cortadores de leña, mozos, cadetes de mandados, agricultores, jornaleros, empleadas domésticas, mecánicos, músicos, locutor a excepción de dos personas en las que se consignó "empresario" y "profesora".
Esto demuestra con absoluta claridad la plena vigencia de la teoría del etiquetamiento, la selectividad del sistema penal y de las agencias policiales y el alto nivel de discriminación llevado adelante por los poderes de Estado. No hay entre los detenidos ningún profesional, ni un solo abogado, dentista, kinesiólogo, arquitecto, ingeniero, ni que decir algún juez, diputada, senador.
Como se advierte claramente, este tipo de detenciones se orientan hacia los más vulnerables y no a los denominados "delincuentes", no contribuyen a responder a las demandas de mayor seguridad sino que incrementan la inseguridad de las mayorías populares.
Quienes sostienen estas prácticas de violencia institucional son los mismos sectores que se oponen a las profundas reformas en la justicia anunciadas por la Presidenta de la Nación y que el Congreso Nacional está debatiendo. En este marco, la destitución de Perez Pesce constituye una muestra más de un poder judicial subordinado a los intereses de minorías corporativas y un intento de disciplinar a otros magistrados que sigan el mismo camino frente al horizonte de ampliación de derechos que vive nuestra Patria y la región Latinoamericana.
(Fuente: LA QUINTA PATA)
