Luego de doce horas de ácido debate, la Organización de Estados Americanos (OEA) dejó la puerta abierta a que la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siga bajo debate sin limitación temporal. Al mismo tiempo, disipó los temores de "estrangulamiento" del sistema, ya que garantizó la continuación de sus vías alternativas de financiamiento.
El acuerdo se dio en la madrugada del viernes, tras ingentes negociaciones luego de que Ecuador amenazara con abandonar el sistema si no se atendían sus reclamos. Pese a las dificultades que presentó la discusión, la Asamblea General de la OEA aprobó finalmente, por consenso, una resolución que permite que el funcionamiento de la CIDH continúe bajo la lupa de los Estados integrantes.
Entre los países que solicitan reformas al interior de la CIDH, la posición más firme fue la del gobierno de Rafael Correa, pero lo acompañaron los demás países del Alba. En la maratónica sesión del viernes, Ecuador reclamó que se especificaran cuáles son los puntos que seguirían negociándose –como las posibles modificaciones en la Relatoría de Libertad de Expresión y la potencial mudanza de la sede del organismo– e incluso planteó abandonar el sistema en caso de que sus demandas no fueran escuchadas.
Sin embargo, la intensa mediación del canciller argentino Héctor Timerman derivó en la confección de un texto que contó con la aceptación de la mayor parte de los actores. El documento final acuerda, por un lado, "continuar el diálogo sobre los aspectos fundamentales para el fortalecimiento del sistema, teniendo en cuenta todos los aportes realizados por los Estados, los órganos del sistema y la sociedad civil a lo largo del proceso de reflexión". Por otra parte, reafirma la necesidad de seguir con "los debates durante la presente Asamblea general extraordinaria".
De este modo, el documento "toma nota" de las propuestas de reforma que la CIDH presentó en respuesta a las demandas de los Estados miembro y solicita que el organismo "continúe avanzando en su aplicación". Además, alivia los temores de la CIDH de que su financiación externa pueda verse "estrangulada" ante la posibilidad de que se cierre o condicione el acceso a vías alternativas para conseguir fondos.
En relación con eso, uno de los cuestionamientos principales recayó sobre la Relatoría de Libertad de Expresión, que depende de fondos externos. Los países que integran el Alba propusieron, entre otras cosas, que sean los Estados miembro de la OEA los que financien a la CIDH y sus relatorías.
La mayor parte de los representantes presentes en la reunión –incluidos Estados Unidos y Ecuador, que presentan dos posiciones antagónicas– dijeron sentirse satisfechos con el resultado de la negociación.
(Diario Tiempo Argentino, domingo 24 de marzo de 2013)
