Mientras el gobierno nacional, con sus dificultades a cuesta, hace peripecias para desalentar las "expectativas inflacionarias", el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, no escatima esfuerzos por encarecerles la vida a los porteños, a aquellos que trabajan en la Ciudad y a los turistas que visitan la Capital.
En los últimos diez años, la Nación ha mantenido prácticamente congeladas las tarifas de los servicios públicos regulados gracias a un sistema de subsidios que también estabilizó los precios de la energía que pagan las empresas y que los posiciona entre los más bajos de la región. El ministro de Planificación, Julio De Vido, circunscribió el proyecto de eliminación de subsidios de las boletas de electricidad, gas y agua a un puñado de barrios de altos ingresos de la Ciudad, pero no afectó a los sectores medios y medios bajos del área metropolitana. El precio del boleto de colectivo sólo subió dos veces en la última década y mantiene una tarifa diferencial a través de la tarjeta SUBE y el tren, medio de transporte clave para el traslado de miles de personas, tiene precios irrisorios, incluso para un trabajador con ingresos equivalentes a un salario mínimo. Sin embargo, uno de los grandes problemas históricos que ha tenido el kirchnerismo ha sido el incremento que han mostrado desde 2007 hasta la fecha los precios de los alimentos y de algunos artículos y servicios elementales para la vida cotidiana, como la vestimenta, el calzado, los útiles escolares, los alquileres y otros intangibles importantes como la comunicación, que en la última década se popularizó a través de la masificación del uso de la telefonía celular. Obviamente, estos incrementos generaron un efecto de arrastre sobre otros productos y servicios que encarecieron los costos en dólares y afectaron la competitividad de algunos sectores y generaron un malestar entre la población. Todo ello a pesar de que las negociaciones paritarias permitieron sostener el poder adquisitivo de los trabajadores bajo convenio. No se trata de minimizar el incremento del costo de vida, pero sí de comprender que a diferencia de los '90, década signada por la desregulación sin anestesia de la economía, desde 2003 a esta parte los servicios regulados por el Estado (agua, luz, gas, transporte, entre otros) se mantuvieron prácticamente estancados.
En febrero, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno acordó con los supermercados, los autoservicios y las casas de electrónicos un congelamiento de precios que se extiende desde el 1 de febrero hasta el último día de marzo, y el funcionario está negociando con los empresarios la posibilidad de extenderlo.
Este tipo de acuerdos no representa una solución integral para un problema más complejo pero muestra la intención del gobierno de desalentar las expectativas inflacionarias y crear las condiciones elementales para morigerar los aumentos salariales, sin que ello implique una afectación del poder de compra de los trabajadores.
Moreno, con sus acuerdos, busca frenar lo que se conoce como puja distributiva entre salarios y precios, fenómeno que, por cierto, históricamente perjudicó a los trabajadores porque las paritarias se negocian una o dos veces al año, mientras que los precios pueden remarcarse todos los días.
Sin embargo, las intentonas de Moreno por lograr su cometido enfrentan varios problemas. En primer lugar, la propia inercia inflacionaria empujada por los formadores de precios que no quieren perder su participación en los ingresos, las dificultades que tiene el propio gobierno nacional para articular un plan integral, y ahora la carrera de algunos gobernadores e intendentes como Mauricio Macri por obtener dinero fresco para sustentar sus ambiciones políticas.
El hijo de Franco hizo exactamente lo contrario que el gobierno nacional. Avaló todos los incrementos posibles de los servicios regulados, con porcentajes muy superiores a cualquier inflación que se tome como referencia.
Desde 2007, los peajes aumentaron en promedio alrededor del 800%, en 15 meses el subte subió el 218%, los taxis treparon el 257% en sólo cinco años. Pero el golpe más grande para la clase media fue el desmesurado incremento del Alumbrado, Barrido y Limpieza (ver páginas 18 y 19).
Todos estos servicios tienen un efecto directo sobre el bolsillo de los trabajadores de ingresos medios y bajos.
Vamos a poner un ejemplo concreto para que usted tenga una idea más clara. Una cochera de 900 m² que alberga 40 autos pagaba el año pasado en la Ciudad $ 15 mil por año en concepto de Alumbrado, Barrido y Limpieza, y hoy en cambio tiene que desembolsar alrededor de $ 40 mil por el mismo concepto. Esta diferencia se traslada inevitablemente al precio que los dueños de los automóviles deben asumir por colocar el auto en la cochera. Pero el mismo ejemplo puede llevarse al subterráneo, a los peajes, el taxi o el aumento en el impuesto al sello que deben pagar aquellos que compran un automóvil nuevo o usado, o un inmueble.
Pese a que la decisión de los tarifazos ha sido exclusiva responsabilidad del gobierno del PRO, Macri se las ha ingeniado, amparándose en la excusa de la inflación, para que el costo político lo pague el gobierno nacional.
El alcalde porteño, sin embargo, nunca explicó por qué no somete a un debate público y abierto los aumentos que perjudican a millones de porteños ni tampoco qué análisis de costos toma como referencia para impulsarlos y aprobarlos.
La arbitrariedad ha sido una constante en el modelo de gobierno del PRO, que tampoco tradujo dichos incrementos en mejoras en la calidad de vida de la población.
Las escuelas y los hospitales se encuentran una estado de precariedad alarmente, las calles y avenidas de la ciudad de Buenos Aires están poceadas, la inversión en nuevas viviendas brilla por su ausencia. Tampoco se avanzó un ápice en los problemas estructurales de la Capital Federal, como la inversión en la urbanización de las villas miseria o las obras necesarias para evitar la inundaciones que mantienen en vilo a casi un millón de habitantes de distintos barrios porteños.
A esto habría que sumarle un dato que no puede pasar desapercibido: el macrismo recurrió sistemáticamente al endeudamiento como política. Cada capitalino adeuda hoy más del doble de lo que debía en 2007. Sin embargo, la administración de Macri no es la única que lleva adelante este modelo de gestión, caracterizado por trasladar a la población de ingresos medios y bajos los sobrecostos que quedan en manos de un grupo de empresas y el financiamiento de su propia campaña política. En esta grilla también pueden sumarse al gobernador de Córdoba, José Manuel, y al de Santa Fe, Antonio Bonfatti, e incluso a algunos mandatarios e intendentes de cuño oficialista que pavimentan sus sueños electorales aumentándoles los impuestos a los ciudadanos y pequeñas empresas, endeudando a sus distritos y empeorando la calidad de la vida de su población en base a pobres gestiones de gobierno.
Aquellos que piensan que la oposición no plantea ninguna alternativa política al gobierno nacional se equivocan. La forma más clara de conocer las propuestas de la oposición es adentrarse en la gestión de los gobernadores y políticos con aspiraciones presidenciales. Todo ello no exime al gobierno nacional de sus errores y limitaciones pero, al menos, de cara a un debate público, el kirchnerismo tiene pergaminos para mostrar y ahora su principal desafío es avanzar sobre las reformas pendientes que permitan mejorar la inclusión social de aquellos que aún están marginados del sistema y mejorar la distribución de la riqueza, como estrategia para mostrarse como la contracara del verdadero contrincante: el modelo de país noventista que hoy expresan Macri y De la Sota, entre otros.
(Diario Tiempo Argentino, 9 de marzo de 2013)
