(viene de la edición de ayer)
Mis amigos, los dictadores
Como dice el periodista cubano Ernesto Vera, el terrorismo mediático tiene muchas manifestaciones. Aunque la mayoría de las veces se manifiesta en la acción de la SIP y sus afiliados, en no pocas ocasiones se manifiesta en la omisión. Los silencios de la SIP son igual de elocuentes, sobre todo cuando cubren sus alianzas con regímenes dictatoriales.
En el año 2005, este denunciado ex presidente de la SIP , Danilo Arbilla, cargó contra el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner, a quien acusó de “manejar la publicidad de manera selectiva” y “tratar con desconsideración” a los medios de comunicación. Kirchner refrescó entonces el historial de Arbilla y recordó además al subdirector del diario argentino La Nación , Claudio Escribano, su complacencia con las atrocidades cometidas en Argentina durante la dictadura militar en ese país.
Esta vinculación de los dueños de la gran prensa con los regímenes dictatoriales latinoamericanos ha sido suficientemente documentada y citada en numerosas ocasiones, para demostrar que las preocupaciones de la SIP no se dirigen a la defensa de las libertades, sino a la preservación de intereses empresariales y oligárquicos.
En el caso Arbilla, éste había sido jefe de prensa de la última dictadura militar en Uruguay, que torturó y asesinó a ciudadanos uruguayos. De acuerdo al diario uruguayo La República , Arbilla fue designado en el cargo por el presidente Juan María Bordaberry y continuó desempeñando esas funciones luego de que el mandatario eliminara las instituciones republicanas contando con el respaldo militar, e incluso después de instaurada plenamente la dictadura.
Así, el diario recuerda que Arbilla fue cómplice del decreto presidencial del 27 de junio de 1973 que prohibía expresamente la divulgación por la prensa de todo tipo de información que “directa o indirectamente mencione o se refiera a lo dispuesto por el presente decreto atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo, o pueda perturbar la tranquilidad y el orden públicos”; durante su gestión entre 1973 y 1976, se clausuraron 173 medios de comunicación —14 de estas clausuras fueron definitivas— y se intervino la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), la organización sindical de los periodistas. También fue desaparecido el subdirector del semanario Marcha, Julio Castro, y fueron encarcelados y torturados decenas de periodistas.
Un personaje parecido, el dominicano Germán Ornés, era el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP que dirigía cartas preocupadas al presidente chileno Salvador Allende por falsas violaciones a la libertad de prensa. Este mismo Ornés fue señalado por investigadores de distintas nacionalidades de haber actuado como adulador del dictador de República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo.
Otro ejemplo de la actuación de la SIP frente a las dictaduras lo encontramos en sus denuncias en el año 1974, cuando de acuerdo con la organización empresarial el peor enemigo de la libertad de prensa en el continente era el gobierno nacionalista peruano de Juan Velasco Alvarado, debido a las medidas de expropiación de la gran prensa. Mientras tanto, la brutal represión y el amordazamiento en las dictaduras de Chile, Argentina y Uruguay eran prácticamente ignorados por los amos de la prensa.
Los golpes de la SIP
En paralelo a su relación con gobiernos dictatoriales, la historia del cartel de la gran prensa americana registra un buen número de agresiones en contra de gobiernos constitucionalmente constituidos, en consonancia con los intereses imperialistas en la región. En este sentido, Gargurevich destaca la temprana conformación de un eje CIA, SIP y agencias de noticias, como parte de la estructura de dominación estadounidense, formando un poderoso aparato para los planes desestabilizadores en América Latina[5].
Quizás el caso más emblemático de acción desestabilizadora de la SIP , haya sido el de su campaña de propaganda sucia contra el gobierno de Salvador Allende en Chile, derrocado en 1973 por la combinación de fuerzas reaccionarias chilenas y la CIA , a partir de la implementación de una fuerte guerra psicológica.
El periodista chileno Hernán Uribe asegura que a lo largo de toda la historia de Chile, no hubo un período en el que reinara una libertad informativa de tal magnitud que incluso cayó en el libertinaje y en claras violaciones a la ética profesional, como en el período presidencial de Allende. El propio presidente Allende, en 1970, declaró a la agencia Prensa Latina que su gobierno estaría a favor de una irrestricta libertad de prensa, pero también propiciaría que todos los actores sociales y corrientes ideológicas tuvieran acceso a la opinión.
“Actualmente, esos derechos están consagrados formalmente, pero su ejercicio en la práctica aparece restringido a sectores minoritarios que tienen una situación prominente desde el punto de vista financiero”, señalaba Allende, según un recuento hecho por el también periodista Ernesto Carmona. Sus palabras, obviamente, no podían gustar a los magnates mediáticos. Menos cuando Allende apuntaba hacia un tema central, al indicar que los medios en los regímenes capitalistas se convierten no en instrumentos de información, sino en instrumentos de desinformación de los intereses populares.
Guiados por la CIA , los medios opositores chilenos, con el diario El Mercurio a la cabeza, no podían responder a la petición de Allende de informar en forma objetiva y mantener con hidalguía sus puntos de vista. Por el contrario, se dedicaron a difundir falsedades y a intentar dar una imagen de persecución a la prensa, echándole leña al fuego en el que cocinarían la dictadura pinochetista.
De allí que Allende reclamara, el 12 de febrero de 1973: “Nos hemos visto obligados a señalar la falta de autoridad moral y el interés tergiversado de aquellos que se cobijan en la Sociedad Interamericana de Prensa. No nos inquieta la crítica. No sólo la aceptamos, sino que la reclamamos”.
Uribe resalta también que fue la CIA la encargada de manejar a la gran prensa chilena y a los afiliados de la SIP en una campaña de propaganda negra contra Allende, hecho corroborado por papeles desclasificados en Estados Unidos. En este marco, el diario El Mercurio, propiedad de Agustín Edwards, quien fungía como vicepresidente de la SIP , recibió los dólares suficientes para su campaña contra Allende, y llegó incluso a dejar de circular durante un día, alegando amenazas, “con el objetivo de armar un escándalo desinformativo que clamara ‘por el cierre’ de El Mercurio”.
De acuerdo con el periodista chileno, las falacias fueron tales que la campaña denunciaba que se agrediría a la prensa cortándole el suministro de papel, cuando en realidad el gobierno no tenía relación en el negocio del papel, pues el productor monopólico de ese elemento era una empresa privada.
En la investigación realizada por Gargurevich, se demuestra que esta campaña de desestabilización en el Chile de Allende incluía el deterioro de la imagen del gobierno de la Unidad Popular , tanto interna como externamente. Ese “frente externo” estaba conformado por los diarios miembros de la SIP. Las noticias eran redactadas por la CIA , difundidas por las grandes agencias de prensa y publicadas por los afiliados sipianos.
La SIP llegó incluso a reunirse en Santiago de Chile en octubre de 1972, reunión a la cual Allende no se negó, a pesar de la oposición de diversos sectores chilenos, conocedores de las intenciones de la organización. Aquella reunión en la que de nuevo se “defendía la libertad de prensa” tuvo, por supuesto, una amplia repercusión mediática.
El trabajo de la SIP y sus asociados en el derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, ocurrido en 1954, también ha sido develado por documentos de la CIA , desclasificados en 1999, y recogidos en el libro “ La CIA en Uruguay” del historiador Roberto García[6].
La investigación histórica hecha por García prueba que las prioridades propagandísticas establecidas por la CIA en contra de Arbenz eran de inmediato reflejadas por la prensa de derecha de Uruguay. Medios como El País y El Día publicaban editoriales sobre la “infiltración comunista” elaborados por la CIA , incluso con errores de traducción del inglés y descaradamente destacados por ambos periódicos con un solo día de diferencia.
Las pruebas se encuentran en documentos como “CIA, Guatemala¬ General Plan of Action” (Doc. Nº 135875, 12 November 1953), que establece los contenidos esenciales del plan de desinformación continental contra Arbenz; y “CIA, Hemisphere Support of PBsuccess” (Doc. Nº 913376, 16 February 1954), que detalla los apoyos hemisféricos para el plan de desinformación.
Toda esta operación estaba coronada por la infaltable denuncia de la SIP sobre violación a la libertad de prensa en Guatemala. En su publicación oficial “Press of the Ameritas” (Num. 25, Vol. 1, marzo 1º de 1954), la SIP apoyaba sus preocupaciones en una conferencia de prensa ofrecida por Jules Dubois, presidente del Comité de Libertad de Prensa de la SIP , luego que el presidente Arbenz alertara que la prensa estaba fomentando una intervención extranjera en su país.
De la misma manera, Gargurevich establece en su investigación los paralelismos entre la operación puesta en marcha para derrocar a Allende en Chile con la campaña que logró la derrota del primer ministro de Jamaica, Michael Manley, en las elecciones de octubre de 1980, acusadas de fraudulentas. Manley había sido señalado por Estados Unidos de inclinarse hacia el comunismo —con todo lo que eso significaba en el marco de la Guerra Fría —, tras establecer relaciones diplomáticas con Cuba, sumarse a los no alineados, elevar los impuestos a empresas transnacionales y declarar que su país se encaminaba hacia un socialismo democrático.
En este caso, el papel que jugó El Mercurio en Chile fue adjudicado a The Daily Gleaner, que en 1979 fue acusado por la Asociación de Prensa de Jamaica de asumir una conducta no profesional, y cuya feroz campaña contra el gobierno de Manley fue ampliamente reproducida por los diarios afiliados a la SIP.
Es conocida también la vinculación CIA-gran prensa contra el gobierno sandinista en Nicaragua, denunciada en 1981 por los periodistas nicaragüenses; y en general contra los gobiernos nacionalistas, socialistas, progresistas en la región que tomen medidas que puedan afectar a los intereses de las oligarquías locales y de Estados Unidos.
(continua en la edición de mañana)
