Aprovecho para contar parte de esa historia con la esperanza de aportar algo de claridad a los lectores, quienes por cierto, a pesar de la encuesta, en su mayoría deben estar al tanto de los aspectos principales de la cuestión.
El 10 de octubre de 2009 se promulgó la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue fruto de un enorme proceso de militancia de buena parte del universo de la comunicación, de las universidades, de las, en su momento incipientes, FMs y de muchos otros sectores. El reclamo fue madurando, evolucionando, consiguiendo consenso y también, por qué no decirlo, encontró fuerte carnadura social cuando el nivel de concentración mediática llegó a niveles asfixiantes.
“No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo” sostenía el escritor francés Victor Hugo y el tiempo de la Ley de Medios llegó en 2009.
Luego de vericuetos judiciales que exploraron los medios hegemónicos, la Ley quedó plenamente vigente excepto para un grupo en uno de sus puntos: como imagina el lector, para el grupo Clarín en el artículo referido a la adecuación (desprenderse de las licencias excedentes).
La Corte Suprema fijó el 7 de diciembre como plazo máximo para la vigencia de la medida cautelar en que se amparó Clarín. No voy a entrar en detalles de la infinidad de chicanas judiciales de ese grupo, de cómo eligió un juez de la dictadura que dictó la cautelar y luego se jubiló, de cómo nunca activó la causa de fondo (supuesta inconstitucionalidad de artículos de la Ley) porque sabía que dormiría el sueño de los justos hasta que la Corte Suprema puso término a la cautelar y ahora busca apurar un fallo antes del término, de cómo los abogados de Clarín intentaron (e intentan) nombrar jueces subrogantes amigos...
Lo cierto es que la Corte Suprema sostuvo en su fallo que lo que está en juego son cuestiones patrimoniales, no la libertad de expresión ni nada por el estilo, con lo cual si Clarín probara un perjuicio patrimonial violatorio del marco jurídico debería reclamar indemnización pero en ningún caso impedirse la aplicación plena de la Ley.
Nada tiene que ver el diario papel que no participa de esta discusión aunque ese grupo pretenda confundir. Sí hay otra causa judicial, vinculada con crímenes de lesa humanidad en la apropiación de Papel Prensa por parte de Clarín (que fue lo que le permitió quedarse con buena parte de los diarios del interior, entre ellos el otrora mendocino Los Andes). Pero el 7D no tiene nada que ver con eso. Nada le pasa el 7D al diario papel.
El espectro radioeléctrico es patrimonio de la humanidad, sumamente limitado y administrado por los Estados Nacionales. La diversidad de voces que inspira a la Ley precisa que ese espectro acotado se distribuya equitativamente. Eso prevé la Ley. Todos los medios con licencias están encuadrados o han presentado un plan de adecuación. El único que no lo ha hecho es... ¿Podría el lector adivinar?
Vencido el plazo del 7D el Estado recupera la posibilidad de definir el destino de las licencias. Y si no se han adecuado o presentado un plan para ello según la reglamentación, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) puede actuar de oficio.
Necesitamos multiplicar las voces y esas licencias son imprescindibles para ello. Son necesarias, por ejemplo, para abrir alternativas de comunicación a las organizaciones sin fines de lucro, a los pueblos originarios, a las universidades, a las municipalidades. No tiene veracidad ninguno de los fantasmas que agitan los que quieren preservar privilegios. El gobierno nacional ha actuado y actúa en el marco del estado de derecho, permitiendo el abuso de las chicanas que hace este grupo en perjuicio del pueblo todo.
Martín Sabbatella recientemente asumido en la AFSCA ha dejado expresamente claro que todos los grupos deberán estar dentro de la Ley el 7D y que no se permitirá privilegios para los poderosos.
“La ampliación de la base electoral es al mismo tiempo la ampliación de la sustentabilidad de la democracia” sostenía ayer la presidenta cuando recordaba la Ley Sáenz Peña. Lo mismo vale para la comunicación. Hoy la comunicación construye lazo social. Si pocos deciden qué se comunica, es una sociedad para pocos; si el acceso es amplio, es una sociedad más democrática e inclusiva.
Resulta para mí un orgullo participar de la tarea de trabajar para hacer más vigente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Mendoza. Un enorme campo de posibilidades se abre.
La Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) pilar fundacional en el proceso de gestación de la Ley está trabajando en conjunto con la AFSCA Mendoza para concientizar sobre la importancia de la vigencia plena de la Ley y las posibilidades que amanecen.
De la Coalición participan actores, músicos, documentalistas, productores, radios chicas y medianas, organizaciones sociales diversas, todas militando activamente la democratización de la comunicación que es democratización de la sociedad.
Estamos todos convocados a construir lo nuevo.
