El fin de los privilegios hace a la calidad de la democracia. En sociedades crecientemente politizadas y participativas como las nuestras, ese atributo demanda un hondo cambio cultural que lo sostenga, indispensable y previo a las transformaciones políticas e institucionales. Si no, no duran.
Algo de eso se expresó en las calles el último domingo. Memoria, sí, pero fértil, dinámica, en pleno movimiento y resignificación. Seis años atrás, las Madres de Plaza de Mayo dedicaron el acto en repudio al golpe a un reclamo largamente postergado: sancionar una "ley de radiodifusión que nos haga libres". Le pusieron nombre y apellido a su ejercicio de recordación. El planteo tomó forma tiempo después, a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cómo recordar ahora el 24 de marzo, repudiar a quienes quisieron asesinar al pueblo y secuestraron la democracia, si no se lucha para que esa democracia reconquistada llegue definitivamente al último poder del Estado todavía renuente a ella?
Desde luego, el pago del Impuesto a las Ganancias no es la única deuda que el Poder Judicial mantiene con la democracia. Ni siquiera es la más importante. Ahí están, como casos testigo, los pocos jueces destituidos por su complicidad (y/o activa participación) con el genocidio y el imperdonable perdón en el Consejo de la Magistratura al juez Montezanti. Pero quizá sí sea la más obvia, la que genera mayor rechazo social sin demasiado esfuerzo de comprensión. ¿Cómo explicarle al argentino medio, siempre de a pie, que un juez para ser independiente e imparcial no debe ser alcanzado en su sueldo de varios miles de pesos por ningún impuesto, esa bendita condición de "intangibilidad" que alegan los magistrados que resisten el fin de la franquicia?
Vamos. Hasta el año 2004 los jueces ni siquiera pagaban la patente en sus autos particulares. Tenían chapa blanca y estacionaban donde querían. Hasta cuando iban al cine estaban "en funciones". Claramente, el salario no es una "ganancia", sino la paga mensual que le permite al patrón reproducir la fuerza de trabajo que genera su riqueza. Tan claro como que la CGT-Clarín no se ha vuelto marxista de la noche a la mañana. El único propósito de sus dirigentes es encontrar una excusa objetiva desde la cual potenciar su oposición al gobierno nacional y justificar su injustificable nuevo universo de aliados políticos.
Este impuesto es el más progresivo de entre todos los que recauda el Estado y con el que financia sus políticas expansivas y de inclusión social: se paga más cuánto más alto es el ingreso. De ahí que la disputa no sea sólo nominativa. Lo que está en discusión no es su nombre, sino sus alcances. ¿O sus políticas? El desarrollo de la sociedad capitalista alcanzó tal grado de complejidad, que no resulta sencillo establecer con un puntero los límites de dos únicas clases en puja objetiva, en lucha política. Un gerente de IBM no es el dueño de la acción de oro de la empresa, pero ¿acaso está mal gravarle el salario para que el trabajador de IBM que se encarga de arreglar las ventanas de la compañía pueda tener una escuela mejor, estatal, laica, donde enviar a sus hijos el día que Macri no se la cierre porque asumió el Papa? ¿Qué tiene que ver el gerente (en sus condiciones materiales de vida y en plano de su conciencia) con el cadete? Nada.
La misma relación se da entre el personal de maestranza recién ingresado al Poder Judicial y los jueces a quienes deben limpiarle el baño cada mañana, cerca del mediodía, mientras el Doctor termina su clase de golf. A ambos les depositan el salario el mismo día y hasta se atienden en la misma Obra Social. Pero andá a conseguir cama en un sanatorio de Recoleta si no sos el hijo del juez.
Toda crisis y contradicción abre oportunidades. Difícil que sean los trabajadores quienes frustren la posibilidad de mejorar integralmente (y no sólo impositivamente) su condición. Seguramente habrá muchos judiciales crispados, pero el desafío es lograr que la mayoría de quienes hacen a diario el Poder Judicial entiendan su responsabilidad particular en la sociedad de iguales que se propone alcanzar la democracia. El cambio cultural. La justicia debe dejar atrás de una vez y para siempre su historia oscurantista, sus compromisos de clase, sus guiños corporativos. Dar vuelta la página que la democracia viene dando vuelta sostenidamente desde 1983, con especial énfasis en los últimos diez años. Desde el último ordenanza hasta el juez más encumbrado, todos deben entender lo que la democracia espera de ellos, el alto compromiso que entraña trabajar allí, y el rol determinante que están llamados a cumplir en el desenvolvimiento social.
Algunos, claro, no parecen comprenderlo. Lo que para muchos es contradicción, crisis y posibilidad de síntesis nueva, para avanzar, para otros es la oportunidad regresar a las cavernas de donde hemos salido. Como dice Cristina, el problema no es de los dirigentes sindicales, sino de sus representados. Excepto en las experiencias sindicales de base, antiburocráticas, cuyos referentes conducen los conflictos sin abandonar su puesto de trabajo y deben verse a diario y cara a cara con su patrón, los dirigentes nunca llevan las de perder.
En vez de ver en el enojo por ganancias una posibilidad para posicionarse como referente de la oposición, Julio Piumato debiera plantear un modo concreto, efectivo y posible de morigerar el seguro impacto que el descuento tendrá en el salario. Claro que no es justo que a un empleado de Tribunales se le quite de un día para el otro parte de su único ingreso mensual. El previsible problema sindical está absolutamente justificado. Sólo el juez Zaffaroni (que está afiliado al gremio) cumplió el rol que desatienden sus cuerpos orgánicos y propuso que sea gradual. Alguna forma tiene que haber para conciliar ambas realidades: la de los trabajadores y la de la sociedad democrática. La conducción de la UEJN tendría que encarar un camino más sensato, y también político, que la encuentre. Estudiar una fórmula técnico-financiera que contente a todos. Compensar el descuento con otras históricas demandas de los trabajadores nunca satisfechas. Por ejemplo: un convenio colectivo de trabajo que normalice las relaciones entre los jueces y su personal, un sistema de jubilación igual para hijos y entenados, promociones ecuánimes, ascensos periódicos, ingreso realmente democrático. Pero es difícil pedirle sombra a un bonsái.
(Diario Tiempo Argentino, jueves 28 de marzo de 2013)
